De los 45 diputados que forman parte de la Comisión de Industria, solo media docena de ellos, los que son portavoces de grupo, conocen a fondo el proyecto de ley de reforma del sector eléctrico. Los demás, votarán sin saber muy bien lo que hacen. Para debatirlo este martes dispondrán solo de quince minutos cada uno, a pesar de que hay presentadas cerca de 500 enmiendas. De esta forma, el Congreso se va a sacudir por vía exprés un polémico proyecto de ley que encierra una de las principales reformas estructurales del Gobierno y que entierra la legislación que ha regulado el sector en los últimos 16 años.
La reforma que este martes se debate en el Congreso entierra la regulación que ha habido en el sector eléctrico durante los últimos 16 años
Los socialistas han recurrido al presidente del Congreso, Jesús Posada, para que ponga remedio, ya que el reglamento dicta que se debata artículo por artículo de forma que puedan intervenir todos los grupos enmendantes, así como los miembros de la Comisión que así lo soliciten. El portavoz socialista de Industria, José Segura, es el que ha levantado la liebre y sospecha que ha sido el ministro de Industria, José Manuel Soria, quien ha impuesto esta vía de urgencia, algo que considera insólito en una reforma de esta envergadura, sobre todo teniendo en cuenta que la Comisión donde este martes se debate tiene competencia legislativa plena y, por tanto, el proyecto no volverá a ser abordado en el Congreso ya que pasará directamente al Senado.
Segura recuerda que la ley regula el sector eléctrico con la finalidad de garantizar el suministro de energía y adecuarlo a las necesidades de los consumidores en cuanto a seguridad, calidad, eficiencia, transparencia y mínimo coste. En su escrito de protesta a Posada, enfatiza que en 1997, fecha de aprobación de la anterior reforma, el Congreso se abrió a un amplio debate que permitió turnos de réplica, un ejemplo que después se ha seguido en múltiples proyectos, el último de ellos el que regula la reforma educativa.
El proyecto de ley pasará directamente al Senado y no volverá a abordarse en el Congreso de los Diputados
Esta faena de aliño en la que a primera hora de hoy participarán los diputados de la comisión de Industria solo ha levantado la desaprobación formal del PSOE, ya que el resto de los grupos parecen haber dado la batalla por perdida, eso sí con algunos matices. CiU, por ejemplo, está pendiente de que le den como chocolatina la aprobación de dos enmiendas que favorecen a varias empresas especializadas en cogeneración eléctrica, a pesar de que los nacionalistas catalanes enmendaron a la totalidad el proyecto de ley junto a los socialistas, la Izquierda Plural, UPyD y Amaiur. El PNV negocia también con Industria varios retoques, lo que ha moderado su actitud ante la reforma.
La ley entrará finalmente en vigor el próximo 1 de enero sin que el Congreso haya podido recoger tampoco la veintena de comparecencias de expertos reclamadas por el principal partido de la oposición, entre los que figuraban desde representantes de asociaciones de consumidores hasta expresidentes de la Comisión Nacional de la Energía, pasando por empresarios de las distintas fuentes de energía.
Las asociaciones de renovables se quejan de que el Gobierno no haya tenido en cuenta las recomendaciones de los antiguos reguladores
La velocidad con la que se ha tramitado esta ley también ha levantado las protestas de las cuatro asociaciones de renovables de ámbito estatal, contrarias a que las 498 enmiendas presentadas por los partidos de la oposición apenas tengan espacio para el debate. En su opinión, “no se puede despachar sin discusión parlamentaria una ley que afecta a nuestra seguridad jurídica, a miles de inversores y al futuro de un sector estratégico para nuestro país como es el de la energía”. También se quejan de que el Gobierno “haya ignorado por completo” las recomendaciones sobre el proyecto de ley elaboradas por la antigua Comisión Nacional de la Energía, la Comisión Nacional de la Competencia y el Consejo de Estado.
