El Ejecutivo estudia privatizar las llamadas políticas activas de empleo, las medidas que el Servicio Público de Empleo dedica a conseguir la inserción o reinserción laboral. Oficialmente, el Gobierno asegura que las nuevas modificaciones de la reforma laboral sólo implicarán la reducción de las fórmulas de contrato, pero fuentes de Empleo admiten que “aumentar el papel de las ETTs y empresas de colocación” para lograr “más efectividad” en la búsqueda de empleo son opciones que están sobre la mesa y que reclama la Comisión Europea.
Bruselas reclama un ajuste de 2.500 millones en políticas laborales. Las políticas activas conservan una dotación de 4.000
La primera entrega de la reforma laboral y las modificaciones sobre las políticas activas ya permitían a las ETTs actuar como agencias colocadoras colaboradoras del SEPE (Servicio Público de Empleo). Sin embargo, la nueva entrega aumentaría el papel de esas empresas y, sobre todo, les permitiría recibir financiación pública vinculada –según esas fuentes—a la “consecución de objetivos” y a parámetros de eficacia. Según el Ministerio de Empleo, sólo 1,6 de cada 100 trabajadores que encuentran trabajo lo hacen a través del SEPE, lo que supone que de los 13,8 millones que se firmaron en el año 2012, el SEPE sólo intermedió en unos 220.000, su peor registro en las últimas décadas.
El Gobierno del PP ha recortado ya en 3.300 millones de euros las cuantías destinadas a esas llamadas “políticas activas” pero todavía conservan una dotación de 4.000 millones de euros que podrían sufrir nuevos recortes y que –según esas fuentes—podrían vincularse a objetivos de colocación para garantizar una mayor efectividad de los servicios de colocación.
Oficialmente, sólo se simplificarán contratos
El Ministerio de Empleo sostiene oficialmente que las modificaciones adicionales a la reforma laboral que han exigido las autoridades comunitarias se limitarán únicamente en primer lugar a simplificar el número de contratos de los más de 40 actuales a cinco y, en segundo lugar, a la ampliación del contrato indefinido de apoyo a emprendedores a trabajadores a tiempo parcial.
Sin embargo, el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, reveló el pasado día 24 que el Ejecutivo español “está preparando medidas basadas en el programa nacional de reformas, incluyendo una segunda ronda del mercado laboral». La Unión Europea ha exigido al gobierno español ahorros en materia laboral de 2.500 millones de euros. Las políticas activas que ahora se estudia reformar tienen un presupuesto de 4.000 para alimentar 52 direcciones provinciales y más de 22.000 empleados.
Las fuentes consultadas aseguran que esa modificación de las políticas activas puede presentarse como parte de un segundo ajuste de la reforma laboral o como una modificación en sí y subrayan que también el Ejecutivo anterior modificó en febrero de 2011 el papel que juegan las Empresas de Trabajo Temporal (ETTs) en los sistemas de contratación.
