El Ministerio Público de Costa Rica ha ordenado cuatro registros policiales en la filial de Telefónica en el país y en otras tres empresas en el marco de una investigación a la operadora por un presunto delito de fraude en contra de la Hacienda pública por valor de más 1.250 millones de colones (1,8 millones de euros).
En un comunicado, el organismo detalla que la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos y Tributarios dirige cuatro registros, avalados por un juez, en la empresa investigada, Telefónica de Costa Rica; la compañía filial Tejisa; el bufete Zurchher Odio & Raven y la empresa de asesoría fiscal KPMG, con el objetivo de obtener pruebas para la investigación.
El expediente se abrió a raíz de una denuncia presentada el pasado 14 de diciembre por las autoridades de Hacienda, en la que señala que al parecer existieron "maniobras fraudulentas" que consistieron en la creación e interposición de la empresa filial para que, posteriormente, Telefónica vendiera a esta los activos indispensables con los que se realizaba su actividad económica principal.
La denuncia
Para ello, según la denuncia, ambas compañías firmaron un contrato de compraventa financiada de activos, en la cual, Telefónica otorgaba un préstamo financiero a la empresa filial, pues esta no tenía la capacidad o la solvencia económica para comprar dichos activos.
Así, se presume que, en la misma fecha del contrato de compraventa (diciembre 2017), se suscribió otro de arrendamiento entre ambas compañías, lo que permitió a Telefónica deducir y declarar un gasto de alquiler de activos ante el fisco costarricense por bienes que nunca dejaron de pertenecerle.
"De acuerdo con la investigación, el país dejó de recibir más de 1.250 millones de colones (1,8 millones de euros) por concepto de impuesto sobre las utilidades en el período 2017", señala el Ministerio, que añade que en este caso se investiga a seis personas de apellidos Neggelli, Torres, Arroyo, Donato, López y Mena.
Por su parte, desde Telefónica Costa Rica afirman que están colaborando con las respectivas autoridades en relación a las noticias divulgadas y relacionadas al registro de las oficinas de Movistar en el país.
