El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha sorprendido esta semana en su toma de posesión al fijarse como prioridad principal de su cartera el diseño de un Ingreso Mínimo Vital, la polémica "renta mínima" para combatir la pobreza, en lugar de fijar como objetivo número uno solventar el problema de sostenibilidad de las pensiones.
No en vano su cartera se denomina Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ni tampoco es casual que el nuevo ministro haya reiterado que de ahora en adelante la palabra "inclusión" y "crecimiento inclusivo" marcará el tono del nuevo Gobierno y de las nuevas políticas económicas.
El propio Escrivá ya tiene un primer borrador de cómo podría ser este Ingreso Mínimo Vital, que partiría de 430 euros al mes, supondría un gasto de 3.500 millones de euros al año a las arcas del Estado, engordaría el déficit público en 0,1% del PIB cada año y ayudaría a aliviar la pobreza de 1,8 millones de hogares en el país.
La propuesta la elaboró cuando se encontraba al mando de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) y en ella proponía dos modelos similares que el Gobierno podría aplicar.
Requisitos para cobrar la renta mínima
La primera posibilidad se organizaría en dos tramos. El primero, para los más pobres, habilitaría una ayuda de 430 euros al mes (el 80% del IPREM -Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples-) para las familias cuya renta suponga un 20% de la mediana de renta, es decir, que tengan una renta de 236 euros si el hogar es de un sólo miembro o 497 euros si es de dos miembros.
Recibirán además un complemento de 1.200 euros al año por hijo a cargo hasta un máximo de tres hijos.
Este complemento por hijo lo recibirán también aquellos hogares que tengan una renta equivalente al 60% de la mediana, es decir, de 710 euros para hogares de un miembro y 1.492 euros para hogares de dos miembros. Estos integrarán el segundo tramo de la prestación.
El requisito principal será el nivel de renta y no se tendrá en cuenta la situación laboral: será compatible con tener un puesto de trabajo
La segunda opción propone también una prestación con dos tramos, pero escalonada. El primero (para hogares con una renta de 355 euros si son de un miembro o 746 euros si son dos) recibiría una ayuda decreciente que va desde el 80% del IPREM (430 euros) hasta el 10% (53,8 euros), y un complemento por hijo a cargo hasta tres hijos de 1.680 euros al año por hijo (140 euros al mes).
El segundo tramo es para hogares con un 60% de la mediana de renta (710 euros para hogares de un miembro y 1.492 para los de dos), que recibirán únicamente los complementos por hijo a cargo, que será de 1.200 euros al año por hijo hasta un máximo de tres.
En todos los casos, el requisito principal será el tramo de renta de cada hogar y no computará la situación laboral, ya que esta renta mínima será compatible con el empleo (si es precario) y se utilizará como un complemento salarial si el sueldo no es suficiente.
Implantación gradual: en tres años
Según los cálculos de la Airef, el coste de cualquiera de los dos modelos sería de 5.500 millones de euros al año, pero el Estado ahorraría unos 2.000 millones por la supresión de duplicidades, con lo que el coste final sería de 3.500 millones.
Al hacer público este informe, el pasado verano, Escrivá recomendó que esta renta mínima se introdujera de manera gradual, a lo largo de 3 años. "Supondría anualmente una décima más de déficit estructural, cuya compensación con otras medidas resulta factible", apuntaba en alusión a posibles subidas de impuestos para compensar este gasto.
"Con la nueva prestación España podría mejorar su posición respecto a los países de nuestro entorno", ya que se reduciría la tasa de pobreza severa entre un 46% y 60% y la tasa de pobreza general bajaría entre un 2% y un 4,7%.
