Los efectos económicos del rescate a las autopistas de peaje de última generación que entraron en concurso de acreedores comienzan a dejarse sentir. Seittsa, la sociedad pública que asumió los activos concesionales, acaba de aprobar una reducción de capital muy próxima a los 7.000 millones de euros, una medida forzada por la notable merma patrimonial sufrida precisamente como consecuencia de incorporar las nueve carreteras en situación de quiebra.
Seittsa asumió el grueso de las autopistas quebradas en 2018, una maniobra que ha deteriorado de forma notable el patrimonio neto de la compañía, que al cierre de 2017 ascendía a algo más de 8.000 millones de euros. Los notables pasivos que arrastran las autopistas han hecho que esta cifra disminuya de forma notable, hasta el punto de situarse por debajo del 50% del capital de Seittsa, que hasta el momento era de 7.995 millones de euros.
En estos casos, la Ley de Sociedades de Capital obliga a las empresas a tomar medidas para el reequilibrio patrimonial y evitar, de este modo, entrar en causa de disolución. El Estado ha optado por reducir un 87% el capital de la compañía, que quedará fijado de este modo en poco más de 1.000 millones de euros.
Entre las opciones para el reequilibrio, ésta es la menos onerosa para las arcas públicas, puesto que no conlleva desembolso alguno, a diferencia de otras posibilidades como la ampliación de capital o el incremento de los fondos propios.
Pérdidas de 480 millones
Se trata de un mecanismo contable, sin efecto aparente para la caja, pero sí supone un perjuicio patrimonial notable para el Estado, toda vez que la reducción de capital no se destina, como ha ocurrido con Seittsa en otras ocasiones, a la devolución de aportaciones al accionista, es decir, al Estado. Al contrario, en el caso de que Seittsa tenga que volver a capitalizarse tendrá que ser a través de aportaciones del Estado, que ya no podrán sustanciarse a través de mecanismos contables.
Los cálculos del Gobierno apuntan a que Seittsa cerrará 2019 con pérdidas de 480 millones de euros, más de 28 veces la estimada para 2018 (cuyas cuentas aún no han sido publicadas) pese al notable incremento de ingresos que llegará del cobro de los peajes.
El Ejecutivo decidió a comienzos del presente año rebajar de forma notable (una media del 30%) los precios de los peajes en las autopistas rescatadas con el fin de fomentar el incremento de los tráficos, cuyo desplome como consecuencia de la crisis desencadenó los sucesivos concursos de acreedores de las sociedades concesionarias.
Actualmente, los planes pasan por que el Estado asuma el control de las concesiones durante cuatro años, en los que promulgará las citadas medidas para recuperar los tráficos y tratar de hacer rentables los activos. La estrategia inicial contemplaba ingresar hasta 1.000 millones de euros por volver a sacar al mercado las concesiones, lo que podría paliar parte del coste del rescate. Una cifra que los técnicos del Ministerio de Fomento pusieron en duda casi desde el primer momento.
