Abengoa ha ganado oxígeno hasta septiembre para pagar sus deudas mientras espera el rescate del fondo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). La entidad pública, que recibió el pasado mes de marzo la petición de auxilio de la compañía andaluza, acaba de encargar a PKF Attest y a Grant Thornton analizar la solicitud de 249 millones presentada por la compañía quebrada.
Según explican las fuentes consultadas por Vozpópuli, PKF se encargará de analizar la parte jurídica del rescate y Grant Thornton estudiará si la compañía que ahora preside Juan Pablo López Bravo cumple con los requisitos financieros para acceder a los fondos de la SEPI, incluyendo el plan de viabilidad presentado por la empresa.
Ambos asesores deberán elaborar dos informes en los que analicen punto por punto el cumplimiento de todos los requisitos marcados por la SEPI para acceder a la financiación. Esos informes deberán estar acompañados por un anexo en que los asesores señalen de forma clara si son favorables o desfavorables a la concesión del rescate a una empresa que da empleo a alrededor de 13.000 personas.
Una vez que el Consejo Gestor de la SEPI reciba ambos informes, deberá tomar una decisión final, que posteriormente será reconfirmada por el Consejo de Ministros en caso de ser favorable. En un principio, el rescate se vehicularía a través de un préstamo ordinario de 203 millones y otro participativo de 46 millones.
El contrato de asesoramiento jurídico, valorado en 150.000 euros, se ha adjudicado por 118.400 euros, y el económico-financiero, valorado en 250.000 euros, se ha asignado por 150.000 euros. Al primero se presentaron seis firmas y al segundo once.
El número de candidatos es notablemente inferior al de otras licitaciones de la SEPI, algo que las fuentes consultadas justifican por el ‘marrón’ que supone estudiar una solicitud de la magnitud de la de Abengoa y los conflictos de interés de muchos de los asesores, en especial las Big Four.
No obstante, eso no significa que en el caso del contrato de asesoramiento económico, los candidatos hayan optado por mantener precios altos: la licitación se ha adjudicado con un descuento de cerca de 50%, en línea con la guerra de precios que mantiene desde hace meses el 'pool' de asesores de la entidad pública. En el caso del contrato jurídico, el descuento no llega ni al 25%, cuando lo habitual es una horquilla de entre el 50 y 70%.
Abengoa aplaza sus deudas
La selección de asesores ha coincidido con un pequeño respiro que la banca ha concedido a la compañía con sede en Sevilla. Este jueves, Abengoa comunicó a través de un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que ha extendido hasta el próximo 3 de septiembre el vencimiento para pagar sus deudas bancarias.
La compañía, que el pasado febrero solicitó el concurso de acreedores, mantiene sus activos y actividades bajo el paraguas de la sociedad Abenewco 1, que es la que ha formalizado la solicitud de rescate ante la SEPI.
El sí o no de la 'holding' estatal es determinante para el futuro de la compañía. El fondo Terramar ha puesto sobre la mesa una oferta de 200 millones por la mayoría de la compañía pero ha condicionado la propuesta a recibir los fondos de la SEPI. Además, el fondo también exige que se llegue a un acuerdo con lo acreedores y se obtenga una línea de avales con el Cesce.
