La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha acordado impugnar el decreto aprobado por el Gobierno vasco (PNV y PSE-EE) que regula las condiciones de contratación de los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC), entre los que se incluyen Uber y Cabify. En una reunión celebrada el pasado 30 de julio, el consejo del regulador, compuesto por diez miembros, acordó por mayoría presentar un recurso contencioso-administrativo contra el artículo 2 (apartados 2 a 5) de la citada norma. La propuesta solo recibió dos votos en contra: el de los consejeros Mariano Bacigalupo y Xabier Ormaextea, según la documentación consultada por Vozpópuli.
La mayoría de consejeros del regulador votaron a favor de presentar un recurso tras considerar acreditado que el decreto vulnera la competencia y va en detrimento de los usuarios. Tal y como está planteada, la normativa vasca aprobada el pasado mes de diciembre establece que los VTC deben ser reservados con un mínimo de 30 minutos de antelación, no podrán circular por la vía pública para buscar clientes ni propiciar la captación de viajeros quedándose, por ejemplo, parados en doble fila. Tampoco podrán ser geolocalizados por los interesados en contratar su servicio.
Según expone Bacigalupo en su voto particular, la impugnación del decreto "encubre en realidad la impugnación indirecta de su norma habilitante", que tiene rango de ley. A su juicio, el recurso que quiere presentar la CNMC es una "impugnación instrumental" que busca cuestionar la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, "una norma con rango ley no susceptible de impugnación directa en vía jurisdiccional ordinaria contencioso-administrativo y, por tanto, no atacable por la CNMC".
"La CNMC propende a transformar unos instrumentos concebidos para el control de las Administraciones Públicas en instrumentos también de control (siquiera indirecto) del legislador", apunta el consejero al tiempo que recuerda que el control del legislador corresponde a "otras instancias" entre las que no se encuentra el organismo que preside Cani Fernández. En su opinión, el papel de la CNMC en este caso concreto debería limitarse a formular una propuesta o recomendación de modificación legislativa, algo que ya hizo y cayó en saco roto, porque el Gobierno vasco no aceptó ninguna de sus propuestas.
Por último, Bacigalupo recuerda la sentencia del Tribunal Supremo dictada en junio de 2018 en la que se avala el límite de una licencia de VTC por cada 30 de taxi para mantener equilibrado el mercado. El tribunal, según apunta el consejero, rechazó el argumento de de la CNMC "de que el interés público en la materia está indefectiblemente ligado a la plena desregulación de ambas modalidades del servicio de transporte urbano para que compitan entre sí". No obstante, sí aceptó la petición de la CNMC, Uber y Unauto de no imponer una flota mínima de siete vehículos para operar.
El segundo voto particular, firmado por Ormaextea, es mucho más escueto y recuerda que de acuerdo con la Ley de Coordinación de las Competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en Defensa de la Competencia, el País Vasco cuenta con su propia CNMC, la Autoridad Vasca de la Competencia, que es a quien le corresponde actuar.
El también exdiputado del PNV insiste que el decreto que se pretende impugnar es autonómico y, por tanto, entiende que el control debe pasar por la AVC, que hace meses ya interpuso su propio recurso. En opinión de Ormaextea, un segundo recurso de la CNMC no contribuiría a reforzar la posición de ambos organismos y lo tacha de "innecesario, redundante e irrespetuoso" con la AVC.
Paralizada por la justicia vasca
La norma fue aprobada el 17 de diciembre y su entrada en vigor estaba prevista el pasado 21 de diciembre. Un día antes, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) acordó suspenderla tras un recurso presentado por Unauto VTC, la mayor asociación del sector en el País Vasco.
El tribunal aceptó la petición de medidas cautelares solicitadas por Unauto para los aspectos que la asociación considera más lesivos, como la citada precontratación de 30 minutos o la imposibilidad de que los automóviles puedan ser geolocalizados, amén de la imposibilidad de circular por la vía pública en busca de clientes. El recurso de Unauto se suma al anteriormente citado de la AVC, que al igual que la CNMC, considera que, tal y como está planteado el decreto, va en contra de los usuarios.
