Banco Popular está haciendo historia en la banca española. Los dos últimos presidentes del banco, Ángel Ron y Emilio Saracho, intercambiaron ayer críticas durante once horas en el Congreso de los Diputados. Algunas con posibles implicaciones penales, en caso de demostrarse.
Lo que a priori iba a ser una jornada de autojustificaciones y defensa cada uno de su gestión, se convirtió casi desde el primer momento en una batalla de acusaciones. Ron, el primero en disparar, señaló a Saracho por pilotar Popular con imprudencia e insinuó una posible manipulación de mercado por su parte, la del accionista mexicano Del Valle y JPMorgan.
A la contra, Saracho dejó bien claro que Popular ya "estaba condenado" cuando él llegó a la presidencia y habló en más de una ocasión de "mentiras", "trampas" y "ocultación" de Popular al mercado.
Implicaciones
Fuentes jurídicas y financieras consultadas por este medio opinan que estas declaraciones van a tener repercusiones y podrían ser usadas por el fiscal Antonio Romeral en la causa que se investiga en la Audiencia Nacional.
Las mismas añaden que el que tiene la sartén por el mango es Saracho, ya que estuvo seis meses en el banco (cuatro como presidente) revisando lo que había hecho Ron en los diez años anteriores. Mientras, el banquero gallego se tiene que ceñir a lo que publicaron los medios y lo que le cuentan exdirectivos de su etapa que siguieron con Saracho.
"La ampliación de capital se basó en algo que no era verdad"
Una de las acusaciones más graves fue la que puso sobre la mesa Saracho: "La ampliación de capital se basó en algo que no era verdad", aseguró el banquero, para el que ya entonces faltaban 8.000 millones de euros, 5.500 millones más de lo que se pidió al mercado. La duda que surge, según fuentes financieras, es, faltando ese dinero entonces, si Popular tendría que haber reformulado las cuentas de 2016 tras el cambio de presidencia.
Para Saracho, la única solución que hubiera tenido Popular entonces es que Ron hubiera cedido la presidencia a comienzos de 2016 y que el nuevo presidente hubiera hecho una ampliación suficiente. "Así Popular existiría hoy en día". La otra posibilidad, al margen de la resolución que llevó el banco a manos de Santander, hubiera sido una "solución a la italiana" que hubiera provocado que "se necesitaran 20.000 millones" en dinero público.
Respecto a posibles irregularidades contables, Saracho explicó que antes de asumir la presidencia preguntó a Ron si su gestión podría "provocar la cárcel" de su predecesor. Acto seguido criticó con dureza los aspectos de las cuentas que descubrió en la reexpresión de abril de 2017, que han provocado un expediente de la CNMV.
Hizo especial hincapié en la financiación para la compra de acciones en la ampliación, que según la CNMV infló la ratio de solvencia en casi medio punto, dando una imagen irreal al mercado. "Si se traspasa una línea roja, es que se ha hecho más veces antes", criticó Saracho.
Las acusaciones de Ron
Por su parte, Ron se defendió aludiendo a un plan orquestado por el accionista Del Valle para quedarse Popular y su "botín patrimonial" a un bajo precio, en el que Saracho habría sido una pieza más.
Acusó a su sucesor de dirigir el banco hacia una venta "tómbola"; amenazar con "estrellar el avión en la puerta del BCE"; provocar caídas de la acción con filtraciones a la prensa, como la dimisión del ex consejero delegado, Pedro Larena.
Lo de ayer fue un aperitivo de lo que está por venir en sede judicial. Y de ello tomaron buena nota el juez Fernando Andreu y el fiscal Romeral.
