El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en las últimas 48 horas dos medidas sociales (la creación de un cheque de 250 euros para el alquiler de los jóvenes y un bono cultural de 400 euros para los que cumplan 18 años) que han desbaratado la previsión de déficit público que manejaba hasta la fecha el Ministerio de Hacienda para los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Este jueves, el Gobierno aprobará las cuentas en un Consejo de Ministros extraordinario, después de que el martes PSOE y Unidas Podemos consiguieran llegar a un acuerdo en asuntos ajenos a los Presupuestos como la Ley Estatal de Vivienda o la fijación de un tipo mínimo del 15% sobre la base imponible en el Impuesto de Sociedades.
Sin embargo, los grandes números sobre los que se sustentan las cuentas no han parado de sufrir vaivenes desde que fueron presentados hace dos semanas. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, explicó entonces que el PIB crecería un 6,5% este año y un 7% en 2022, estimaciones que quedaron desactualizadas a los dos días cuando el Instituto Nacional de Estadística (INE) revisó el crecimiento económico del segundo trimestre del 2,8% al 1,1%.
El Gobierno mantuvo aún así que no cambiaría su cuadro macro, sin admitir por tanto que un menor crecimiento este año condicionaría el punto de partida del siguiente y mermaría la previsión de ingresos para 2022.
A esto se suma que en las últimas horas el presidente del Gobierno ha anunciado más medidas de gasto público que la ministra de Hacienda se verá obligada a incluir en sus cuentas, ya que engordarán el déficit del próximo año a falta de medidas de ingresos complementarias.
Unos 1.000 millones más de gasto público
El ministerio de Montero no ha querido adelantar a Vozpópuli una cifra estimada de cuánto puede costar el bono para alquiler de los jóvenes, pero es una cuantía de gasto con la que no contaba, ya que el presidente Sánchez sorprendió a todos incluso en Moncloa con su anuncio el martes.
La medida, según cálculos del Partido Popular a partir de datos de prestaciones pasadas, podría dar cobertura a 250.000 beneficiarios y supondrá un coste para las arcas públicas de entre 600 y 800 millones de euros al año. A falta de nuevos ingresos que compensen este gasto, éstos se trasladarán directamente a déficit con una equivalencia de media décima de PIB.
La Encuesta de Estructura Salarial del INE, al ofrecer información del sueldo medio por cohortes de edad, no facilita el cálculo de a cuánto podría ascender esta cuantía.
Por su parte, el cheque cultural para los que cumplan 18 años en 2022 podría suponer un coste de unos 193 millones de euros, ya que según el INE hay 481.883 jóvenes de 17 años que alcanzarán la mayoría de edad el año que viene y que podrían ingresar esos 400 euros prometidos.
Bruselas no vigilará el déficit público
Aunque tradicionalmente el escenario macroeconómico y la previsión fiscal del Ejecutivo se presentaban conjuntamente, por segundo año consecutivo el Ministerio de Economía ha hecho público su cuadro macro sin entrar a hablar de ingresos y gastos, con lo que se desconoce qué previsión de déficit público presentará Hacienda este jueves.
En su última actualización del Programa de Estabilidad -de la cual han mantenido el cuadro macro-, el Gobierno se había comprometido a recortar el déficit público desde el 10,8% del PIB en que cerró 2020 al 8,4% en 2021, y bajarlo hasta el 5% en 2022.
Esta previsión podría verse muy superada por la desaceleración del crecimiento -cuando se pronosticó un déficit del 8,4% se contemplaba un crecimiento que podría llegar hasta el 9,8% este año- y por la implementación de más medidas de gasto público de las previstas (prolongación de los ERTE, ayudas a La Palma o estos nuevos cheques para jóvenes que afectarán ya a las cuentas del próximo año).
El aumento del déficit público, no obstante, no se vigilará en Bruselas, donde el Pacto de Estabilidad y Crecimiento sigue suspendido y donde cada vez hay más posibilidades de que nunca vuelva a estar en vigor tal y como está definido. Esto ha dado vía libre a los gobiernos para implementar medidas de gasto para proteger rentas y apuntalar la recuperación, pese a que eso suponga seguir incrementando vertiginosamente el nivel de deuda pública.
El Gobierno, además, se resiste a presentar un plan de consolidación fiscal aunque sea a medio plazo, con lo que no sólo no se plantea ahora mismo tomar medidas para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas -ya que la prioridad es recuperar los niveles pre-covid- sino que tampoco tiene un plan para hacerlo en el futuro.
