El consejo de administración de Banco Santander aprobó comprar Banco Popular bajo un escenario de resolución quince días antes de la caída de la entidad, según documentación remitida por el banco que preside Ana Botín a la Audiencia Nacional a la que ha tenido acceso Vozpópuli.
Esta documentación pone de manifiesto que el 22 de mayo de 2017 -dos semanas antes de la intervención de las autoridades comunitarias- el máximo órgano de gobierno de Santander autorizó que el banco realizase una oferta por Popular de entre 0 y 200 millones de euros siempre y cuando la entidad se encontrase bajo un escenario de resolución.
La decisión se tomó a recomendación de los directivos del banco José Luis de Mora y Víctor Matarranz, que desde comienzos de mayo analizaron a fondo la posibilidad de comprar Banco Popular. "Solicitamos autorización para delegar en el comité ejecutivo del consejo la facultad de presentar una oferta formal por Neptuno (como se conocía en clave a Popular) en el contexto de un proceso de resolución [esta no es la situación actual]", reza la presentación realizada por ambos directivos ante el consejo de administración.
Los términos de la oferta recomendada fijaban un precio de 0 euros, con un margen de negociación de hasta 200 millones, ligado a la amortización de los instrumentos de capital AT1 y T2 de Popular, cuyo valor ascendía a 2.000 millones de euros. Se incluía ya una ampliación de capital de 7.000 millones de euros para hacer frente a la operación.
Teoría de la conspiración
El hecho de que el consejo de administración de Santander aprobase al compra de Popular antes de que fuera intervenido, en cualquier caso, no tiene porqué significar que la entidad supiese a ciencia cierta cuál iba a ser el futuro del banco, ni que influyese en la caída.
Tras semanas de análisis, el banco cántabro sabía que el estado de Popular era crítico y que la resolución era uno de los posibles escenarios. Por ello, para poder maniobrar con rapidez, facultó a su comisión ejecutiva a poder realizar una oferta formal, dado que las intervenciones bancarias se suelen producir en breves espacios de tiempo -normalmente un fin de semana, aunque en el caso de Popular fue en una noche-.
"(Santander) no tomó la decisión de la resolución ni pudo influir de ninguna manera en ella, y las causas que la motivaron tienen que ver con un largo proceso de progresiva pérdida de confianza de los clientes y del mercado en el Banco Popular (...) La oferta que nosotros hicimos fue de un euro sabiendo que existía un riesgo, y esto desbarata en gran medida que se hable de conspiraciones", defendió el presidente de Santander España y Banco Popular, Rodrigo Echenique, el pasado julio en el Congreso de los Diputados.
Distintas ofertas
De hecho, las diferentes presentaciones remitidas a la Audiencia Nacional muestran cómo Santander iba rebajando el precio que estaba dispuesto a pagar por Popular según avanzaba en el estudio de la operación. Como adelantó este medio, el 3 de mayo estaba dispuesto a poner encima de la mesa entre 2.600 millones y 1.600 millones en función del riesgo de demandas por la ampliación de capital de 2016.
Cinco días después, el 8 de mayo bajó la potencial oferta a 200 millones de euros tras detectar que el déficit de capital de Popular era hasta 2.000 millones superior. El banco consideró entonces que una oferta de 200 millones nunca iba a ser aceptada por los accionistas de Popular, por lo que la adquisición pasaba necesariamente por un escenario de resolución.
Así lo reflejó el consejero delegado de Santander, José Antonio Álvarez, en una carta enviada a Popular el 16 de mayo de 2017, en la que pedía seguir en el proceso "dado el alto sentido estratégico" de la potencial operación, pero sin poner una oferta económica sobre la mesa: "A la vista de la información revisada, no nos resulta posible emitir una valoración que sitúe las acciones de Banco Popular en el entorno de su precio actual de cotización, y que por tanto pensemos pueda resultar suficientemente atractiva para sus accionistas".
