El déficit del sistema de pensiones alcanzó el año pasado los 13.762 millones de euros, esto es, el 1,3 por ciento del PIB. Si se atiende a la evolución de gastos e ingresos de este ejercicio, la previsión lógica es que el agujero se ensanche todavía más hasta el entorno de los 15.000 millones de euros.
A pesar de la recuperación económica y de haber incorporado a 528.112 nuevos cotizantes, la recaudación por cotizaciones a fecha de octubre se está resintiendo. Con un 3,2 por ciento más de afiliados a la Seguridad Social, los ingresos apenas repuntan un 1,2 por ciento y se sitúan en los 83.787 millones de euros, muy por debajo del 7 por ciento de incremento presupuestado por el Gobierno. Esta evolución significativamente peor de lo esperado se achaca a varios motivos: la tarifa plana de impulso del empleo, la devaluación salarial, el hecho de que los parados dejen de cotizar al agotar su prestación y a que el nuevo sistema informático no esté logrando los rendimientos deseados. Además, a esta cifra de caja hay que sumar la inyección del Estado por valor de 14.627 millones de euros para financiar las prestaciones no contributivas y otros ingresos varios.
Por el contrario, los desembolsos en pensiones están creciendo un 2,9 por ciento y ascienden en octubre a los 106.390 millones de euros. Semejante incremento obedece fundamentalmente a dos factores: el número de perceptores crece un 1,1 por ciento interanual y la pensión media mensual sube un 1,9 por ciento más, desde los 873,20 euros de 2014 a los 889,50 euros de 2015.
Con todo, este crecimiento del 2,9 por ciento supone un incremento mucho menor que el 6 ó 7 por ciento al que crecía la nómina de las pensiones al principio de la crisis. Y esto se ha logrado a fuerza de las sucesivas reformas de las pensiones que han aprobado los Gobiernos de Zapatero y Rajoy, las cuales han propinado un tajo ineludible a la generosidad del sistema. En los últimos tiempos, se está ampliando el periodo que se toma para calcular la pensión para que poco a poco pase desde los 15 a los 25 años; se está elevando la edad de jubilación con la intención de dejarla gradualmente en los 67 años; se ha endurecido la jubilación anticipada y se ha desvinculado la revalorización de las prestaciones del IPC para vincularla a los ingresos y gastos de la Seguridad Social.
Por si esto no fuera poco, otros dos factores han recortado decisivamente el gasto en pensiones. Por un lado, la devaluación salarial. Y por otro, la expulsión del mercado laboral de muchos trabajadores en edad próxima a la jubilación. La combinación de ambas circunstancias ha rebajado la nómina de las pensiones al haber reducido el nivel de cotización de muchos justo en sus últimos años de carrera. Todo ello ha proporcionado unos ahorros significativos pero todavía insuficientes para que los gastos se equiparen con los ingresos. Y fruto de esa diferencia todavía existente, al cierre de 2015 el desfase podría sumar unos 2.000 millones más hasta el entorno de los 15.000 millones de euros.
En términos de contabilidad nacional, el déficit del sistema de Seguridad Social a fecha de septiembre asciende a los 7.529 millones de euros frente a los 5.080 millones de euros que se registraron a las mismas alturas del año pasado. A ese desfase habrá que sumar además el impacto de la paga extra de Navidad, que supondrá otros 8.000 millones más de gasto.
No obstante, ése es el déficit del sistema de la Seguridad Social. Pero de cara a los cálculos de déficit, éste se computa combinándolo con las cuentas del servicio de empleo. Y este año las cuentas del SEPE pueden arrojar un superávit de unos 4.000 millones de euros que compensarán una parte del déficit del sistema de pensiones. De ahí que el déficit de los Fondos de de la Seguridad Social acabe probablemente en el entorno del 1,2 por ciento en términos de contabilidad nacional.
La brecha entre los ingresos y los gastos del sistema hará que las pensiones se conviertan en uno de los principales asuntos de debate de la próxima legislatura. Por más que se recupere el mercado laboral, hará falta encontrar más recaudación para poder sufragar las prestaciones. De ahí que en los Presupuestos de 2016 el Gobierno incluyese la disposición adicional 65, que insta al Pacto de Toledo a buscar nuevas vías de financiación.
