El mes de diciembre es uno de los meses más importantes para el sector financiero y asegurador, ya que comienza con fuerza la campaña de planes de pensiones, en la que todas las entidades hacen promoción para que los ciudadanos hagan aportaciones antes de que acabe el año. El objetivo es que lo hagan a tiempo, antes del 31 de diciembre, para poder así tener desgravaciones en la declaración de la renta de 2019, que podrán presentar entre abril y junio del próximo ejercicio.
Esta recta final del año ha sido aprovechada esta vez por INESE, un think tank del sector asegurador, para solicitar al futuro Gobierno un aumento de los incentivos fiscales para los planes de pensiones privados en un ambiente donde la viabilidad de las pensiones públicas cada vez parece más comprometido.
Así se ha manifestado durante una entrevista con Vozpópuli la presidenta de INESE, Susana Pérez. "Desde el sector pedimos mayores incentivos fiscales para fomentar los planes de pensiones privados e impulsar los planes de pensiones de empleo", señala. "No va a haber dinero para todos. Al menos no tanto como el que reciben ahora los jubilados", añade Pérez.
Es por ello que además de un aumento de los incentivos fiscales para poder "ayudar", demandan al nuevo Gobierno que informe a los ciudadanos de lo que van a valer sus futuras pensiones cuanto antes, tal y como recomendó la Comisión Europea hace años.
"El español de a pie se tiene que encargar de buscar alternativas para poder ahorrar, ya que no va a contar con esa pensión. También creo que se tiene que fomentar desde las instituciones la educación económica en el sentido del ahorro", señala Pérez.
Reclaman la vuelta de la 'Carta Naranja'
"Para ello hay que fomentar una cultura financiera, fomentar el ahorro desde que se es joven. La educación financiera es fundamental, especialmente entre los jóvenes que empiezan a trabajar e impulsar ese ahorro desde el principio y no sólo porque haya desgravaciones fiscales, que desde luego serán muy bienvenidas", añade.
"Para abrir más esa conciencia es muy importante la famosa 'carta naranja' que supuestamente el Gobierno iba a enviar a todos los trabajadores para informarles de su pensión y que nunca llegó", denuncia Pérez. Esta carta, inspirada en una normativa sueca, fue una de las promesas del Gobierno de Mariano Rajoy, y aunque se ha mantenido en el debate político, nunca llegó a las casas de los españoles.
"Lo que pedimos desde el sector es que esa carta llegue para poder concienciar a los españoles y saber cuál va a ser nuestro futuro y que podamos buscar a tiempo alternativas en el mercado que complementen esa pensión", sugiere.
Es por ello que ha subrayado la necesidad de abordar el tema de las pensiones y el Pacto de Toledo como una medida al margen de la agenda política, que "deje de usarse como un arma arrojadiza". "Tiene que abordarse con independencia del color del partido que esté gobernando y tiene que abordarse ya", apunta.
De acuerdo con el Instituto de Actuarios Españoles, si no se acomete ningún tipo de reformas de índice de solvencia del sistema de pensiones actual, más del 75% de los compromisos del sistema público podrían quedarse sin cubrir. Es decir, tres de cada cuatro euros podrían quedar sin cubrir en treinta años.
"Complemento" al sistema público
Ante las críticas que han recibido las aseguradoras desde ciertos sectores, que alegan que la falta de pensiones públicas supone una oportunidad de negocio para estas empresas, Pérez alega que el sector asegurador puede ser una alternativa y "un complemento" a las pensiones públicas, pero asegura que desde el sector no existe ningún sentimiento de "lucrarse" ante las dificultades de financiación que está encontrando la hucha de las pensiones públicas.
"Las pensiones públicas no tiene por qué excluir las otras, las privadas. O mejor dicho, un sistema de previsión privado. Es una dicotomía interesada que, desde luego, nunca se ha defendido desde el sector asegurador", apunta.
En ese sentido, ha remachado que la evolución del número de partícipes en los planes de pensiones "no ha sido todo lo buena que cabría esperar", a pesar de los problemas que está presentando el sector público.
Según los datos facilitados por INESE, el número de ahorradores que optan por este instrumento ha descendido entre septiembre de 2018 y septiembre de 2019 casi un 5%, rozando los 3,35 millones, por lo que están a la espera de cerrar el año para ver si mejoran sus números.
