El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha revelado este lunes que el Tribunal Supremo (TS) ha "dado la razón a Galicia" y, según el fallo que ha sido notificado al Ejecutivo, la comunidad podrá recuperar los en torno a 200 millones que reclamaba al Gobierno central en concepto del IVA pendiente de diciembre de 2017.
Recientemente, el alto tribunal ya había avalado la misma exigencia de Castilla y León. Por ello, en declaraciones a los medios en Oporto, Feijóo ha remarcado que se trata de "una noticia esperada". "Pero no por ello deja de ser una excelente noticia", ha apostillado.
Así, ha recalcado que la Xunta "tenía razón" y que "no tiene sentido" que el IVA recaudado en la comunidad y correspondiente a ese mes de diciembre de 2017 "no repercuta en la hacienda pública autonómica".
Feijóo ha recordado que el "conjunto" de autonomías han impulsado esta reivindicación y ha apuntado que se plantearon propuestas de negociación al Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez, pero "todas fueron rechazadas", lo que llevó a "judicializar" el proceso para que el Gobierno central hiciese frente a su "deuda".
Así las cosas, ha celebrado que "por fin" el Supremo repone "el equilibrio y el orden estatutario y constitucional", incidiendo en que de lo recaudado en Galicia el 50% del IVA y del IRPF corresponde a los gallegos. Recuperar ahora los en torno a 200 millones que exigía la Xunta (204 millones) es, en palabras del presidente, "una muy buena noticia" en el actual contexto económico de la pandemia.
Agradezco mucho volver a una senda de justicia fiscal y tributaria; y espero que el Gobierno aprenda que no se puede hacer lo que a uno le da la gana", señala Feijóo.
"Agradezco mucho volver a una senda de justicia fiscal y tributaria; y espero que el Gobierno aprenda que no se puede hacer lo que a uno le da la gana ni se puede usar dinero de las comunidades para financiar sus decisiones", ha sentenciado el presidente gallego.
"Al final bien vale la pena defender aquello en lo que uno cree. Aquí había argumentos y ahora el Supremo da la razón a la Comunidad y se la quita al Gobierno", ha concluido.
Argumentos del Supremo con Galicia
En concreto, la Sala III del Tribunal Supremo ha estimado parcialmente el recurso contencioso-administrativo presentado por la Xunta de Galicia contra el rechazo del Consejo de Ministros de compensarle por el desfase financiero producido en la liquidación del IVA correspondiente al ejercicio de 2017, y ha condenado a la Administración General del Estado a que compense por ello a dicha comunidad autónoma en la cuantía que se fijará en ejecución de sentencia.
Como ocurrió recientemente en otra sentencia sobre la misma materia referida a la Junta de Castilla y León, la estimación es parcial al no aceptarse la concreta cuantía compensatoria que propugnaba Galicia (204.464.638,74 euros), "al no haber quedado debidamente acreditado que sea precisamente ese el importe que le debe ser abonado".
El tribunal establece que la compensación habrá de fijarse en ejecución de sentencia; y su cuantía vendrá dada por la diferencia entre el resultado de la liquidación practicada en su día por la Administración del Estado y la que habría resultado de computar en dicha liquidación la recaudación del IVA de doce mensualidades, esto es, incluyendo también la correspondiente al mes de noviembre de 2017.
"Resultado anómalo"
A esta cuantía deberán añadirse los correspondientes intereses legales computados desde el momento de la presentación del requerimiento hasta el momento efectivo en que se produzca la compensación y se adopten las medidas necesarias para revertir el desajuste financiero ocasionado a la Comunidad Autónoma de Galicia.
La ministra de Hacienda afirmó sobre la sentencia sobre Castilla y León, que el Gobierno cumplirá con la misma y lo que se aplique a una comunidad, se aplicará a todas.
Como hizo en la sentencia relativa a Castilla y León, el alto tribunal resuelve que el desequilibrio derivado de la aplicación de la metodología instaurada por el Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, determinó "la vulneración del derecho a la autonomía financiera" de la comunidad autónoma, pues es notoria la disfunción que se deriva del hecho de que las entregas a cuenta se le abonasen en doce mensualidades y, en cambio, en la liquidación definitiva se atendiese únicamente a la recaudación de IVA correspondiente a once mensualidades, "derivándose de ello un resultado anómalo".
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó sobre la sentencia en los mismos términos referida a Castilla y León, que el Gobierno cumplirá con la misma y lo que se aplique a una comunidad, se aplicará a todas. Además, culpó al PP de la situación generada, pues fue el Gobierno de Mariano Rajoy quien aprobó esta método de liquidación y, posteriormente, los 'populares' rechazaron los Presupuestos de 2019 en los que se pagaba a las CCAA los 2.500 millones pendientes de la citada liquidación del IVA.
