Un año más, el Gobierno ha impuesto a Telefónica la obligación de ofrecer internet, teléfonía fija y llamadas en aquellos lugares de España con difícil o nulo acceso de redes de telecomunicaciones. Como es tradición, el Ejecutivo lanzó un concurso público para que se presentaran los operadores interesados en ofrecer estos servicios. Como es tradición también volvió a quedar desierto. Ni Telefónica, ni Orange, ni Vodafone, ni MásMóvil ven rentabilidad alguna, y no se presentaron.

Llevar telecomunicaciones a esas zonas remotas de España es costoso. Pero finalmente el Ejecutivo designó al operador español para ofrecer el servicio por su condición de compañía con la mayor infraestructura de red e ingresos de España (en 2021 facturó 39.000 millones de euros, en torno a una cuarta parte de ellos en nuestro país).

Fuentes del sector aseguran a Vozpópuli que Telefónica quiere que el Gobierno abone con fondos públicos los sobrecostes que supone llevar comunicaciones a zonas remotas. Las mismas fuentes explican que el operador considera que "en el contexto actual de disponibilidad generalizada de infraestructuras resulta preciso proceder a una revisión en profundidad del ámbito y financiación del servicio universal".

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital define el servicio universal como un conjunto de servicios básicos de comunicaciones electrónicas cuya prestación se garantiza a todos los usuarios que lo soliciten, independientemente de su localización geográfica, con una calidad especificada y a un precio asequible

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital define el servicio universal como "un conjunto de servicios básicos de comunicaciones electrónicas cuya prestación se garantiza a todos los usuarios que lo soliciten, independientemente de su localización geográfica, con una calidad especificada y a un precio asequible".

Como decíamos anteriormente, el problema se encuentra en el alto coste que supone llevar este tipo de servicios a zonas de orografía complicada (fibra, antenas de telecomunicaciones, etcétera) y la rentabilidad que se obtiene de los clientes.

Una circunstancia que hace que las compañías históricamente no acudan a estas licitaciones. En muchas de estas localizaciones aisladas los vecinos que desean tener internet se ven obligados a apostar por operadores satelitales, con una oferta comercial de conexiones que abarca diferentes precios y velocidades (podría hablarse de una media de 30-40 Mbps).

Hasta 100 Mbps de velocidad en los pueblos

Hace unos días el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital publicaba una resolución provisional para garantizar conexión a internet en zonas rurales a una velocidad de 100 Mbps y a un precio de 35 euros mensuales. Se trata de velocidades que permiten realizar prácticamente cualquier operación con las mismas garantías que ofrecen las redes urbanas más avanzadas.

En este caso, será Hispasat la responsable de ofrecer el servicio. "Como adjudicatario, Hispasat desplegará mediante tecnología satelital las infraestructuras necesarias para proveer de conectividad ultrarrápida a las zonas de toda España en las que no hay cobertura con tecnología fija a un mínimo de 50 Mbps y proporcionará un servicio asequible de al menos 100 Mbps hasta el 31 de diciembre de 2027", explicaba el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en un comunicado.

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