Los arbitrajes contra el Reino de España por el recorte de las primas a las energías renovables son todavía un quebradero de cabeza para el Gobierno. Desde que el Ejecutivo de Mariano Rajoy acordase quitar las primas a las inversiones en energías verdes en 2013, el Estado ha recibido alrededor de 50 demandas de arbitraje presentadas por inversores extranjeros en busca de indemnizaciones millonarias.
Casi una década después, España suma laudos condenatorios (algunos en los que ha logrado reducir mucho la indemnización solicitada), algunas victorias y una anulación definitiva tras destapar un conflicto de interés. Los procesos arbitrales, la mayoría dirimidos ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), la corte arbitral del Banco Mundial, son largos y siempre van acompañados de un posterior proceso de anulación, lo que dilata todavía más los plazos.
El Ministerio de Transición Ecológica, encargado de gestionar estos pleitos junto con el Ministerio de Justicia, ha presentado durante el primer semestre del año una tanda de solicitudes de anulación de ocho laudos condenatorios, según la documentación disponible en la Plataforma de Contratación Pública consultada por Vozpópuli.
La cartera que encabeza Teresa Ribera ha hecho públicas esta semana los contratos adjudicados a sus asesores externos encargados de elaborar los peritajes que se presentan para anular los laudos: BDO, Accuracy, Quadrant Economics y Altran-MacGroup. Estas firmas tienen suscritos contratos con el ministerio desde hace años para dar apoyo a la Abogacía del Estado en los procesos arbitrales.
En concreto, el Gobierno ha presentado las solicitudes de anulación de los laudos arbitrales de Antin (112 millones), Infrared (28,2 millones), 9REN (41,8 millones), Watkins (77 millones), SolEs Badajoz (40,9 millones), RWE (21 millones), Cube y Demeter (33,7 millones) e Hydroenergy. Por ahora, España no ha desembolsado ni un euro en concepto de indemnizaciones.
La cuantía total de estos servicios asciende a 118.000 euros, si bien se trata de partidas ya previstas por el Gobierno, según la citada documentación. Los asesores tienen firmados contratos dotados con una determinada cantidad que se va gastando en función de los servicios que se les vayan requiriendo.
España anula un laudo arbitral
Por ahora, España ya ha logrado anular definitivamente el laudo perdido con Eiser que le obligaba a indemnizar a la compañía con 128 millones de euros (en principio, Eiser llegó a reclamar 300 millones). España logró que el tribunal arbitral anulase el laudo tras destapar un conflicto de interés de uno de los árbitros, Stanimir Alexandrov, ya involucrado en otros procedimientos contra España y con vínculos con el Grupo Brattle, una consultora que trabaja con fondos que han demandado a España.
Cabe señalar que la anulación de un laudo es algo muy inusual. Los casos en los que puede hacerse están muy tasados y se limitan a que el tribunal no esté constituida de forma correcta (como es este caso), que se hubiese extralimitado en sus funciones o que el laudo este escasamente fundamentado.
El Gobierno español, defendido por la Abogacía del Estado, fue denegando los pagos y planteó en el propio Ciadi la anulación del laudo. Era una vía que en el sector se veía improbable porque solo se puede conseguir por motivos muy tasados: que el Tribunal se hubiere constituido incorrectamente, que el Tribunal se hubiese extralimitado, que hubiese un error grave de procedimiento o que el laudo no esté fundamentado.
La oferta de paz de Ribera
Para intentar zanjar los pleitos, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó hace dos años un decreto-ley con el que intentó taponar la sangría de arbitrajes.
En concreto, la oferta de Sánchez y Ribera establece que las plantas afectadas por el recorte de 2013 mantendrían intacta su retribución anual del 7,39% hasta 2031 siempre y cuando renuncien a iniciar acciones legales contra el Estado. Y en el caso de tener ya algún procedimiento en marcha, retirarlo. También se acordó rebajar ligeramente la tasa de rentabilidad razonable de las renovables (desde el 7,39% hasta el 7,09%) en los próximos seis años.
En resumen, los inversores con activos renovables anteriores a 2013 han podido optar por asegurar una rentabilidad del 7,39% hasta 2031 y descartar los tribunales o bien aceptar la retribución del 7,1% hasta 2025 y mantener activa la posibilidad de reclamar indemnizaciones por la vía arbitral.
Aunque en un principio la propuesta no tuvo demasiado éxito entre los inversores (en los primeros ocho meses nadie se acogió a esta vía, según publicó El Independiente), posteriormente sí ha habido algunos fondos como Masdar, Element Power Holdings BV, RREEF y Stadwerke que han optado por aceptar la propuesta de la ministra.
