El Ministerio para la Transición Ecológica ha recibido el respaldo del resto del Gobierno a su marco normativo para el sector de renovables en España. Un real decreto que el equipo que lidera Teresa Ribera espera que capte más de 90.000 millones de euros, generando entre 107.000 y 135.000 empleos al año durante la próxima década. Paralelamente, esta regulación tiene como objetivo contener los movimientos especulativos en la utilización de los permisos de acceso a la red.
Desde el Gobierno se busca controlar los permisos de acceso y conexión a la red eléctrica. Dos procesos que los promotores necesitan para poner en marcha sus plantas de renovables. Transición Energética quiere asegurarse con su propuesta que los candidatos a estos permisos estén asociados a proyectos reales y firmes, sin otros fines financieros.
Según los datos que ofrecen desde el Ministerio de Transición Energética, durante los últimos dos años se ha disparado el número de solicitudes, hasta un total de 430.000 megavatios (MW). El controlo del acceso y la conexión a la red pretende que no se encarezca ni obstaculice la puesta en marcha de los proyectos por el mercadeo.
El Ministerio para la Transición Energética se ha marcado como objetivo para 2030 que el 74% de la electricidad en España sea renovable. Y el 100% antes de 2050. Su previsión de instalación se sitúa cerca de los 60.000 MW de potencia renovable en la próxima década en España, de acuerdo con la planificación del Plan Integrado Nacional de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030. Unas cifras que traerán un total de 10.000 millones de euros al año en inversiones en el sector.
"Componente especulativo"
"Hay que evitar los movimientos de carácter especulativo que puedan darse ante la insuficiencia de la regulación vigente", describen desde el Ministerio que dirige Teresa Ribera."Existen indicios del eventual componente especulativo de buena parte de ellas dada la escasa madurez de los proyectos o el volumen de casos de titulares de permiso de acceso que no han solicitado el igualmente necesario permiso de conexión: en torno a un 60%", añaden.
Los titulares de los permisos de explotación renovable deberán cumplir una serie de "hitos administrativos", con plazos temporales. Estas empresas deberán acreditar al Ministerio que cumple con requisitos como la obtención de la declaración de impacto ambiental favorable o la autorización administrativa de construcción en los tiempos fijados.
Si no se cumple con estos parámetros, los permisos caducarán de forma automática y, en su caso, se procederá a ejecutar los avales económicos que se exigen al solicitar la autorización. El último de los plazos concluye a los cinco años de iniciarse el cómputo para el primer hito.
Moratoria de nuevas solicitudes
Además, la normativa establece una moratoria de nuevas solicitudes de acceso. "No se podrán pedir hasta que se apruebe una nueva regulación sobre estos permisos, que deberá exigir a los solicitantes mayor maduración de los proyectos y estudios previos", relatan este decreto ley.
De esta manera, el equipo de Teresa Ribera pretende evitar nuevas solicitudes potencialmente especulativas sobre la capacidad que se libere mientras se desarrolla la normativa, que deberán aprobar el Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercado y de la Competencia (CNMC), en sus respectivas competencias, en el plazo de tres meses desde la publicación del real decreto.
