El ministro de Agricultura, Luis Planas, está desde hace semanas en el ojo del huracán. Para tratar de reducir la 'rebelión' agraria, el ministro presentó un paquete de 18 medidas, que lejos de su objetivo, han encendido todavía más a un campo "harto" de su situación porque "no reflejan un cambio real en la política del Gobierno [...] y son muy superficiales". Una de las más polémicas es la del reforzamiento de la Ley de Cadena Alimentaria. Esta norma, que prohíbe las ventas a pérdidas en el sector y que se reforzará con la Agencia Estatal de Información y Control Alimentario, "esconde muchas trampas y es puro maquillaje", además de que choca con el derecho de la propia UE.

Diferentes fuentes del sector han apuntado a Vozpópuli todas "las incompatibilidades e incoherencias" que se esconden en esta ley, ahora reforzada sin atender a "las verdaderas necesidades que tiene el sector". Entre las fuentes que denuncian la "inutilidad" de esta ley se encuentran diversos representantes de Unión de Uniones, Ángel de la Fuente, Director Ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), y Javier Poza, secretario general de SOS Rural.

Son varios los puntos 'oscuros' de esta ley. Uno de los más destacados es, como señalan desde FEDEA, el posible desafío a las reglas de la UE. "El derecho a vender sin pérdidas sólo existirá si alguien tiene la obligación de comprar esa producción a un precio suficiente, pero tratar de imponer tal obligación a agentes privados sería seguramente contrario a derecho en la UE. En una economía de mercado con libertad de contratación no es posible obligar a los compradores a contratar con los productores menos eficientes pagando precios superiores a los de mercado para así cubrir los costes de estos últimos". Así se lee en un extenso análisis de la ley, realizado por el organismo.

La reforma de la Ley de Cadena Alimentaria, puro maquillaje

Más allá de que "bordea el marco legal europeo", como han confirmado desde SOS Rural, las fuentes consultadas también denuncian la "inutilidad" de la misma, ya que es "puro maquillaje". "La Ley enuncia entre sus objetivos que el precio que perciban los agricultores y ganaderos por sus productos debe compensar al menos sus costes productivos. Eso no sucede en la realidad por la Ley no dispone de las herramientas para garantizar que los trabajadores puedan repercutir sus costes en el precio de venta de sus productos", critican desde Unión de Uniones en la rueda de prensa previa a la manifestación de este miércoles.

Por otro lado, Ángel de la Fuente en el citado análisis expone varios puntos negativos de la ley, "poco clara, difícil de aplicar y de dudosos efectos". Para empezar, de la Fuente explica que el hecho de que los precios tengan que cubrir los costes forma parte del propio funcionamiento del mercado. "Sin embargo, tratar de imponer que esta condición se cumpla siempre y en cada transacción interferiría gravemente con la lógica del mercado, anulando su mecanismo natural de selección", añade.

Al igual que desde Unión de Uniones, el experto de FEDEA denuncia la imposibilidad de que se pueda llevar a cabo. "La norma, además, es poco clara sobre cómo exactamente han de calcularse los costes a cubrir y no especifica cómo debería alcanzarse el resultado deseado".

También hay problemas en la definición exacta de los costes que han de cubrirse (sobre todo, el quién y el cómo), se crean dilemas morales sobre por qué sólo los trabajadores del campo tienen el privilegio de no formar parte de las reglas del mercado (por nunca producir a pérdidas) y se cae con facilidad en el conformismo del campo, ya que "garantizar la supervivencia financiera de cualquier operador económico con independencia de su nivel de eficiencia supone eliminar un mecanismo importante de incentivos y de selección natural por el mercado".

Muy difícil establecer los costes del campo

Por último, las partes implicadas apuntan a que una de las grandes incompatibilidades e ineficiencias de la Ley de Cadena Alimentaria es lo complicado que resulta determinar cuáles son los costes de producción. Desde SOS Rural, que sí se muestran a favor de la ley pero son conscientes de las limitaciones de la misma, apuntan que en el campo los costes dependen del tipo de terreno, de las herramientas y las técnicas utilizadas, del clima, de la zona o de la época del año, estre otros muchísimos factores.

"No hay criterios y los costes en este sector son muy variables, no tiene mucho sentido basar una ley en este punto; además, en algunas ocasiones el agricultor o ganadero, como son productos perecederos, preferirán vender bajo costes mientras que otras veces los superarán por mucho", señala en conversaciones con este periódico Javier Poza. "Esos mismos productores tendrían todos los incentivos para no insistir en la recuperación completa de sus elevados costes con el fin de no perder la venta, lo que aumentaría aún más sus pérdidas. No es sorprendente, por tanto, que la ley se incumpla con frecuencia", añaden en FEDEA.

Las propuestas de ambos organismos pasan por crear una especie de costes estándar. "La única forma posible, aunque no deseable, de avanzar en la dirección que pretende la reforma de la ley de la cadena es que el sector público asuma el papel de comprador de último recurso para garantizar el derecho de los productores alimentarios a vender a un precio determinado. Hacerle un traje a medida a cada productor sería complicado, pero si renunciamos a la individualización de los precios, el derecho a la recuperación de unos costes 'razonables' podría implementarse, si la normativa europea lo permite, mediante la fijación de suelos de precios en el sentido tradicional del término para los productos alimentarios", se lee en el informe.

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