Las cinco horas y 31 minutos que cuesta llegar en tren de Zafra a Madrid demuestran lo invertebrada que sigue estando España para algunos. El progreso avanza a distinta velocidad para otros. En apenas seis años, un empadronado en Reus podrá plantarse en media hora en el aeropuerto de El Prat.
De la capital a Zafra sólo hay 401 kilómetros. Pero el viaje en tren es una odisea que dura 331 minutos con 15 paradas, a bordo de un convoy de media distancia, con las comodidades justas. Algunas comparaciones son odiosas, pero no por ello dejan de ser necesarias: un madrileño tarda una hora menos en llegar en avión a El Cairo.
Lo que unirá Reus con El Prat será un impecable AVE. La fecha prevista es 2027, tres años antes de que el tren de alta velocidad una Madrid con Badajoz. Siempre que se cumplan las previsiones, claro está. Más segura parece la conexión entre la población tarraconense y Barcelona, a juzgar por el compromiso firme que ha alcanzado esta semana la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, con el vicepresidente catalán, Jordi Puigneró.
El enlace de alta velocidad con Reus forma parte de la ampliación del aeropuerto de El Prat. Un proyecto de 1.700 millones de euros que ha levantado ampollas en algunos rincones de España, desde Valencia a Salamanca, pasando por Mérida. Más que envidia, las críticas de políticos autonómicos y locales denotan rabia por la aparente arbitrariedad en la asignación del dinero estatal. Pero también pesimismo ante la oportunidad que tiene el Gobierno para vertebrar un territorio en el que todos sus habitantes tienen -en teoría- los mismos derechos.
La jugosa tajada que se ha llevado el Govern en la primera reunión de la mesa de diálogo hace temer que las promesas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia tengan menos valor que el tren viejo de Zafra. "La desigualdad territorial, el retraso relativo de una parte importante del territorio, supone un coste económico, además de generar tensiones sociales que suponen un riesgo para la sostenibilidad futura", advierte el documento que Moncloa envió a Bruselas el pasado 30 de abril.
El plan, redactado con el lenguaje de un programa electoral, asegura que "la culminación de los corredores ferroviarios pendientes (Mediterráneo, Atlántico, conexión con Portugal, conexión del puerto de Algeciras), el desarrollo de nodos de transporte intermodal, la modernización y sostenibilidad de las infraestructuras, suponen un factor clave para la cohesión territorial de un país grande y complejo como es España"
Pero ninguna de la 348 páginas del documento refleja medidas concretas, con nombre y apellidos, que ilusionen al extremeño que ha sufrido averías camino de su tierra en tren. O a los pacientes usuarios de las líneas de FEVE en Asturias, León o Ferrol. O al turolense que sigue esperando una buena conexión ferroviaria. En 2018, Teruel Existe hizo viral un vídeo en el que un tractor viajaba más rápido que un tren a la altura de Navarrete del Río, por el mal estado de las vías.
El panorama no ha cambiado demasiado desde entonces. Y al lento despliegue de las redes hay que sumar el retroceso que algunos servicios han sufrido por culpa de la pandemia. "Regando sistemáticamente de dinero para infraestructuras sólo a una parte del país, Sánchez no hace más España", recordaba este martes el líder del PP extremeño, José Antonio Monago. El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, se quejaba el mismo día de que el Gobierno no ha repuesto aún las frecuencias ferroviarias anuladas por la pandemia: "Como tardan tanto en devolverlo, esto ya parece un robo descarado y a mano armada. Sobre todo, cuando les cuesta muy poco gastarse el dinero en otros lugares".
El tren como símbolo de las asimetrías
El cabreo generalizado en las provincias lejanas a los centros de poder vuelve a agitar el debate sobre las perennes asimetrías en el estado de autonomías. También sobre otros asuntos espinosos colindantes, como el más que cuestionable papel del Senado o los criterios que se aplican a veces para financiar a las comunidades.
Cataluña fue la comunidad más mimada por los Presupuestos Generales de este año, aprobados con los votos decisivos de Esquerra Republicana, PNV, EH-Bildu y PDeCAT. A la Generalitat se le asignaron 2.199,3 millones de euros, el 17,8% del total, por lo que roza ya el porcentaje que aporta al PIB nacional. Cataluña también está a la cabeza, junto a Andalucía, de los perceptores de los fondos de recuperación. En concreto, Del total de 13.486 millones se llevará 2.160,99 millones, casi 200 más que la Comunidad de Madrid y algo menos que Andalucía (2.357,50 millones).
La apuesta por El Prat, que irá acompañada de otra inyección millonaria a Barajas, demuestra que poco ha cambiado en España desde los tiempos de Jordi Pujol. Los 1.700 millones de inversión que se ha llevado en la cartera la delegación del Govern que visitó Moncloa son un ejemplo de cómo la inversión pública se sigue usando como moneda política de cambio. Uno más en larga lista que comenzó a redactar el expresident tras la Transición y cuyo final se desconoce.
El ejecutivo de Pere Aragonés ha puesto sobre la mesa de negociación una carpeta con 56 reivindicaciones dentro en materia de traspasos, transferencias e "incumplimientos". Se avecina un otoño caliente (el diálogo se retomará en septiembre) por las cesiones que se avecinan. Por las prebendas que seguirán contentando a unos pocos territorios a costa del enfado de otros muchos. Desde Reus hasta Zafra.
