El Tribunal de Cuentas denuncia que hace ya 14 años, desde 2003, que viene reclamando una legislación nacional que obligue a las entidades locales a presentarle sus cuentas a tiempo para que puedan ser fiscalizadas, porque año tras año un importante porcentaje de ellas lo hace con retraso o incluso no llega a entregarlas.
"Esta recomendación ya se formuló en 2003", afirma en varias ocasiones el órgano fiscalizador en el informe que ha aprobado sobre el sector local en 2015, al que ha tenido acceso Europa Press, y en el que insiste en lo que empiezan a ser ya viejas peticiones que los gobiernos no atienden: que se impongan medidas más duras para que las entidades se dejen fiscalizar.
Las entidades locales están obligadas a enviar al Tribunal sus cuentas del año anterior para que sean fiscalizadas: la cuenta general, el balance de situación, el resultado económico-patrimonial, la liquidación del presupuesto y la memoria.
En el informe sobre el año 2015 se vuelve a constatar el incumplimiento en el envío de toda esta documentación: el 31 de diciembre de 2016, dos meses y medio después del plazo legal, un 27 por ciento de las entidades no había entregado al Tribunal las cuentas de 2015, tres puntos más que el año anterior.
La cifra empeora si se trata en concreto de la cuenta general de 2015, que se tiene que elaborar al final de cada año para informar sobre la situación del patrimonio, la ejecución del presupuesto y los gastos e ingresos: sólo la entregó a tiempo el 56 por ciento de las entidades, por debajo del 62 por ciento del año anterior. En el caso de los ayuntamientos, cumplió el 60 por ciento y entre los cabildos y consejos insulares, sólo el 10 por ciento.
Andalucía, los menos transparentes
Por comunidades autónomas, el mayor incumplimiento se registra en Andalucía, donde sólo un 34% había cumplido con el envío de la documentación de 2015 el 31 de diciembre del año siguiente; es decir, dos de cada tres entidades locales andaluzas (66%) ocultaron sus balances al tribunal.
A distancia aparecen las entidades locales de Castilla-La Mancha, Murcia y Cantabria, cuyo nivel de incumplimiento se sitúa en el 38%, el 37% y el 35%, respectivamente, según el informe de la institución que preside Ramón Álvarez de Miranda.
Por contra, en Canarias, Madrid, Cataluña, Galicia, Asturias, La Rioja y la Comunidad Valenciana cumplen entre el 80 y el 90 por ciento, y sólo Aragón presenta un índice de cumplimiento del 93 por ciento. El motivo es que en la comunidad aragonesa se aprobó una ley de subvenciones que condiciona la concesión de ayudas a la rendición de cuentas, una medida que, en su opinión, podría explicar que en esta comunidad, a diferencia de lo ocurrido en el conjunto del Estado, el cumplimiento de los plazos registró un incremento de siete puntos entre 2014 y 2015.
Pero año tras año se producen retrasos y el Tribunal de Cuentas así lo recoge en el informe que elabora sobre la situación del sector local. El documento es remitido al Congreso, donde los grupos parlamentarios lo estudian y aprueban recomendaciones que suelen asumir las que hace el propio Tribunal.
Recetas ignoradas
Entre ellas, la exigencia a las administraciones para que tomen medidas que obliguen a los ayuntamientos a rendirle cuentas. Por un lado, con reformas legales para que esta obligación sea considerada en todo el país como "indispensable" para poder acceder a subvenciones y ayudas públicas, recomendación que ya se hizo en 2003.
También de 2003, de hace 14 años, es la propuesta de que la normativa estatal y las leyes autonómicas impongan los mismos plazos para enviar la documentación, porque "la diversidad genera de manera innecesaria divergencias y desajustes temporales".
El Tribunal insiste igualmente en la conveniencia además de que esos plazos sean más breves, para que se aproxime lo más posible al ejercicio que se va a fiscalizar. "Esta recomendación ya se efectuó en el informe de 2009", recalca el órgano auditor.
Otras recomendaciones del Tribunal de Cuentas también son de hace muchos años. Por ejemplo, tomar medidas legales para que las entidades locales tengan que aprobar unos presupuestos anuales y no funcionen sin ellos, no puedan aprobar modificaciones de crédito sin financiación efectiva y tengan que ajustar su gestión a sus posibilidades financieras reales.
