Un juez de la ciudad valenciana de Torrent ha prohibido de forma cautelar a Unibail Rodamco Westfield incluir en listas de morosos a un inquilino al que había ejecutado un aval por impagos de la renta de un local del Centro Comercial Bonaire, afectado por las restricciones vinculadas al coronavirus, en un auto judicial al que ha tenido acceso Vozpópuli.
Como ha empezado a hacer con otros inquilinos, URW ejecutó el aval del inquilino, sin previo aviso ni período de gracia, por un valor de 37.333 euros. Anteriormente, dos autos judiciales habían impedido a la gigante francesa consumar la ejecución del aval de dos inquilinos en Leganés y San Sebastián que habían interpuesto un recurso previo a la ejecución.
Al igual que ellos, el inquilino de Bonaire acudió a la Plataforma de Afectados por la covid-19 de Centros Comerciales, liderada por el despacho Fieldfisher Jausas. Lo hizo después de que la ejecución de su aval se consumara, circunstancia que le ha impedido recuperar el líquido del aval ya ejecutado, según explican desde Fieldfisher. "Es una treta, la de ejecutar avales sin avisar, que han encontrado los grandes propietarios para obtener liquidez", explica Jordi Ruiz, presidente del despacho Fieldfisher.
La pyme interpuso un recurso posterior a la ejecución, circunstancia que le ha impedido recuperar el líquido del aval ya ejecutado
El juez, en cualquier caso, ha cerrado la vía a que Unibail pida otro aval bancario al inquilino equivalente al anterior, pese a haberlo ya ejecutado, hasta que haya una sentencia judicial sobre cómo debe repartirse en este caso el impacto de la covid.
El auto determina que al inquilino basta, por las circunstancias dadas, con un aval equivalente al 25% (reclamaba que fuera el 20%), por valor cercano a 10.000 euros, hasta que haya una sentencia sobre el caso. Obliga al propietario a comunicarle esta circunstancia al banco en cuestión.
Futuro de la pyme
Finalmente, en virtud de la cláusula rebus sic stantibus de renegociación de contratos por circunstancias sobrevenidas, obliga al gigante francés a abstenerse de registrar en cualquier tipo de ficheros de morosos al inquilino pese a las deudas en las que pudiera incurrir por la covid y haberle ejecutado ya un aval (circunstancia esta última que iría normalmente acompañada de un registro en un fichero de morosidad).
"Sin prejuzgar el fondo del asunto y a la vista de las alegaciones y datos ofrecidos, debe considerarse que existen indicios fundados de que la situación derivada de la pandemia de la Covid-19 ha afectado profundamente a la situación económica y financiera de la empresa que se ha visto obligada a mantener el negocio cerrado durante un dilatado período de tiempo, habiendo disminuido significativamente las ventas durante el año 2020, siendo negativas las previsiones de resultados, lo que supondría, en caso de ejecutarse el aval y de incluirse a la empresa en los ficheros de morosidad (lo que impediría a la mercantil la posibilidad de acudir a la financiación externa durante los próximos años a fin de poder recuperarse), un riesgo de insolvencia, haciendo peligrar la viabilidad económica de la actora", concluye el auto.
Este periódico ha intentado obtener la versión al respecto de URW pero no ha obtenido respuesta. La empresa, propietaria de los principales centros comerciales del país, tiene una facturación anual de 200 millones en España.
