La reforma que irá en breve al Consejo de Ministros se trabaja en Economía y en La Moncloa. Por un lado, el equipo económico se ha reunido con los consejeros regionales para avanzarles que el proyecto de ley va a establecer en todos los niveles de la administración un modelo regulatorio más eficiente que permita, por ejemplo, que cuando una comunidad autorice la distribución o comercialización de un producto, el procedimiento quede homologado automáticamente para el resto de forma que el empresario no tenga que recurrir a 17 permisos.
En La Moncloa se está evaluando la manera de facilitar lo más posible la unidad de mercado sin abrir un nuevo frente con las comunidades remisas a ceder competencias
El Gobierno considera que con este proyecto de ley quedará garantizada, al menos parcialmente, la unidad de mercado para asegurar la libre circulación de bienes y la libre prestación de servicios en todo el territorio nacional. Sin embargo, los frenos puestos por algunas comunidades autónomas, Cataluña, el País Vasco y Andalucía, sobre todo, han obligado a rebajar las aspiraciones iniciales y a que en La Moncloa se ejerza un arbitraje para evaluar las 17 legislaciones diferentes, pues no se quiere abrir un nuevo frente de conflicto que alimente recursos judiciales. El resultado es que la primera ley sobre mercado único en aprobarse va a ser tímida, a juicio de la mayoría de los presidentes autonómicos, en todo caso muy lejana a las promesas que planteó el PP en su programa electoral, aunque persiste la intención del Gobierno de fomentar la cooperación entre las tres administraciones para reducir lo más posible la carga regulatoria.
En algunas comunidades hay serias reservas hacia la reforma porque consideran que no va a ser lo suficientemente atrevida como para combatir el lento proceso administrativo que paraliza la creación de nuevos negocios. De hecho, los aspectos directamente relacionados con la actividad comercial, como las licencias de apertura, los horarios, los calendarios de rebajas o las promociones van a quedar fuera de este primer bloque legislativo pues no se ha querido abrir una guerra con los gobiernos regionales remisos a ceder competencias.
Licencias de apertura, horarios, calendarios de rebajas, promociones y etiquetados pueden quedar fuera del paquete legislativo que estudia el Gobierno
Tal es la dispersión de leyes y normas de diferente rango y tan tramposa es la manera en la que la mayoría de los territorios han aplicado la directiva de Servicios, que muchas inversiones se están quedando en el alero, pendientes de una maraña de autorizaciones que desincentiva la apuesta por cualquier negocio, admite un presidente autonómico. Hay miles de disposiciones normativas que se han trasladado a la legislación autonómica en los últimos años y el problema se complica cuando, por ejemplo, alguien tiene un negocio que quiere extender a Cataluña, Galicia o el País Vasco y se ve obligado a etiquetar sus productos en varios idiomas.
Para las grandes superficies comerciales, que disponen de potencia para afrontar cualquier sorpresa o capricho de última hora, esto no representa grandes desafíos, pero para el comerciante mediano o pequeño que aspire a asomarse a lo que en el gremio se denomina ‘territorio comanche’, puede resultar una misión imposible. Salvo rectificaciones de última hora, todos estos aspectos quedarán fuera de esta primera fase legislativa.
