En julio de 2012, hace ahora justamente diez años, el Gobierno de Mariano Rajoy decidió eliminar definitivamente la deducción fiscal de la que gozaban los compradores de una vivienda habitual. Lo hizo a pesar de que en su programa electoral su mantenimiento figuraba como una de las medidas estrella. La supresión se incluyó en un paquete de medidas para atajar el gasto público en 65.000 millones de euros en dos años y tratar de equilibrar las cuentas como exigió Bruselas.
La medida entró en vigor el 1 de enero de 2013, pero las personas que ya se habían deducido con anterioridad podían seguir aplicándola en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Para ello bastaba con que cumplieran una serie de requisitos como haber adquirido o pagado cantidades para su construcción con anterioridad al 1 de enero de 2013, con un límite de 9.040 euros cada año.
A pesar de que ya ha transcurrido un decenio desde su supresión, 3,2 millones de españoles disfrutaron del beneficio fiscal de deducirse los gastos por la compra, construcción, rehabilitación o adaptación por discapacidad de una vivienda en el último año del que se disponen datos pormenorizados, 2020.
Son menos de la mitad de los que hubo en 2007, el último año del 'boom' inmobiliario español, cuando se dedujeron en el IRPF las aportaciones a su vivienda 6.663.947 contribuyentes. De los 5.200 millones que le “costaban” entonces las deducciones a Estado y autonomías, se ha pasado a un coste de inferior a los 2.000 millones para ambas administraciones.
A tenor de las cifras que el Gobierno ha previsto en los Presupuestos Generales del Estado para el presente ejercicio (844 millones de euros de deducciones por la compra de vivienda habitual, un 11,5% menos que en 2021), parece más que probable que cuando se declare la renta de 2022 el número de beneficiarios de la deducción sea inferior a los tres millones
La decisión de Rajoy fue el desenlace lógico de una medida que nunca convenció del todo a Bruselas y que siempre estuvo en el ojo del huracán de todos los gobiernos españoles. En su último año como presidente, José Luis Rodríguez Zapatero había limitado la deducción máxima (15% del dinero aportado) a contribuyentes con rentas no superiores a los 17.000 euros. Quienes declararan ingresos por encima de 24.000 euros anuales no podían aplicarse ninguna deducción.
Al igual que ha ocurrido con la limitación de las deducciones por aportaciones a planes de pensiones llevada a cabo por el gobierno de Pedro Sánchez, sobre la vivienda habitual pesó la sospecha de que acababa beneficiando a las clases más pudientes de la sociedad y no cumplía con la finalidad de los beneficios fiscales fijada en los Presupuestos Generales de cada año, de orientarlos al logro de determinados objetivos de política económica y social.
Las cifras del IRPF
Las cifras de estos últimos diez años son muy elocuentes. En el año 2007, de los 18,7 millones de ciudadanos que realizaron la correspondiente Declaración de la Renta, 6,63 millones practicaron la deducción por vivienda habitual, lo que supone el 35,47% de los contribuyentes de ese año. El 93% se dedujo del IRPF por adquisición; el 5,2% (menos de 350.000 personas) por construcción y rehabilitación. En total, Estado y administraciones Autonómicas dejaron de ingresar en sus arcas más de 5.200 millones de euros ese ejercicio.
En 2012, el año previo a la supresión de los beneficios fiscales por la vivienda habitual, disfrutaron de la deducción 5,44 millones de ciudadanos de un total de 19,38 millones de declaraciones presentadas. La crisis se había dejado ya sentir y el número de beneficiarios se redujo en cerca de 1,2 millones.
La desaparición de la deducción no se notó tanto como al Gobierno de Rajoy le hubiera gustado. Hubo menos contribuyentes que hicieron uso de ella, 4,91 millones, medio millón menos que en el ejercicio precedente. Estado y autonomías dejaron de recaudar 3.440 millones de euros, cuando Al Estado y las autonomías les costó dejar de recaudar 3.440 millones deel año anterior el dolo había alcanzado los 4.050 millones.
El último ejercicio completo del que hay datos detallados de la Agencia Tributaria es 2020. Estados y Comunidades Autónomas dejaron de ingresar por las deducciones a la vivienda habitual un total de 1.965 millones de euros, de los que 976 hubieran correspondido al Estado y 989 millones a los gobiernos regionales. Si en el año 2007, el 35,5% de las declaraciones recibidas por Hacienda contenían deducciones por la vivienda habitual, en 2020 apenas alcanzan el 15,2%, menos de la mitad: 3,2 millones con deducción, sobre un total de 21,03 millones de declaraciones realizadas.
J
De privilegio nada. Legislación vigente. Qué tendenciosa la noticia. Es como criticar que las pensiones contributivas más altas ganan más dinero que la más bajas, ¡haber cotizado más!
LEQR
Para cumplir con la Constitución hay que diseñar algún mecanismo novedoso para que los españoles puedan acceder a una vivienda, y debería ser en propiedad, pues a la jubilación los precios medios de alquileres sumen en la pobreza a quienes vivan de esa manera. Por ejemplo avalando el 10 o 20% que exigen los bancos para conceder hipotecas. Solo para primera vivienda y con un tope según la ciudad, y para todos, porque lo de “solo a menores de x” es una gran discriminación para todos aquellos que por la circunstancia que sea no hayan podido comprar una vivienda sea cual sea su edad.