La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) confirma una subida en el precio de los billetes de avión a las islas Canarias y Baleares tras incrementarse del 50% al 75% la bonificación a residentes. "Tras el aumento de la bonificación, se produjo un fuerte incremento de la demanda por parte de viajeros residentes en las islas, lo que impulsó al alza los precios medios de los billetes en los vuelos con la Península", asegura este miércoles en un comunicado el regulador.
De media, se incrementaron un 10% los viajes de residentes entre la Península y Baleares y un 15% hacia Canarias; mientras que los no residentes en las islas viajan lo mismo. Sin embargo, pese a provocar un incremento general de precios, con el efecto de la bonificación los pasajeros residentes terminaron pagando menos por sus billetes. Aún así, los baleares pagaron un 21% más de lo esperado con el incremento de la subvención si no hubieran subido los precios; mientras que en Canarias el impacto fue del 12%.
El principal efecto recae en los viajeros sin descuento que acuden a las islas, así como en las arcas públicas, pues por ese incremento de precios se ha duplicado el gasto. Pagar un 25% más que antes de los billetes de los residentes supuso al Estado más de 765 millones de euros en 2019. En palabras de Joaquín López-Valles, director de Promoción de la Competencia, esto es "muy preocupante", sobre todo tras la crisis sanitaria, cuando estamos "faltos de todo el dinero que nos gustaría para poder recuperar la actividad económica lo antes posible".
En cuanto al motivo del aumento de precios por parte de las aerolíneas, la CNMC sólo avanza que podría responder al coste que acarrea para las compañías "adaptarse al incremento repentino de la demanda", con la necesidad de trasladar aviones destinados a otra ruta para reforzar las operaciones en esta. Además, en un primer momento es la aerolínea la que soporta el importe correspondiente a la subvención, pues ésta se liquida mensualmente, lo que también puede afectar en los precios.
En el caso de los vuelos interinsulares, la demanda de los residentes ha crecido un 26% en Baleares y un 25% en Canarias, pero en general los precios no han variado porque, según explica la CNMC, la demanda antes del incremento de la bonificación era menor y ahora "los aviones viajan más llenos y los costes por pasajero son más reducidos". "Habría sido ilógico ver un incremento de precios", indica.
La CNMC destaca que el estudio se ha realizado con datos anteriores a la crisis sanitaria provocada por la Covid-19 y a petición de la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y de la Dirección General de Ports i Aeroports del Govern de les Illes Balears.
Propone limitar el descuento
En base a esta conclusión, la CNMC propone una serie de recomendaciones al Ministerio de Transportes para "minimizar las consecuencias indeseadas del incremento de la bonificación, como la presión sobre los precios que parece que se ha producido en las rutas islas-Península". Por un lado, dado que el incremento de la demanda es la causante de la situación, sugiere medidas que "aumenten la sensibilidad al precio de los pasajeros residentes", como indicar el precio total del billete junto al precio bonificado o liquidar la ayuda a posteriori.
También propone establecer topes a la cantidad bonificable o limitar los conceptos bonificables de los billetes. "Ya hemos visto que en otros países como Francia, cuando se dan bonificaciones a los pasajeros residentes, se acotan a ciertos importes", explica Joaquín López-Valles. Finalmente, recomienda "valorar otros posibles mecanismos de ayuda para compensar la insularidad, como por ejemplo un régimen de exenciones fiscales a residentes desligadas de la realización de desplazamientos".
En este sentido, y dado que la bonificación a residentes coexiste con otras medidas, sugiere al Gobierno "adoptar una visión de conjunto respecto a todas las ayudas para compensar la insularidad y realizar una continua revisión desde el punto de vista de los principios de regulación económica eficiente para garantizar su eficacia". "Las políticas de gasto público deben ser eficaces", ha sentenciado el directivo.
