Apenas dos meses después de la aprobación de la nueva ley concursal, ésta se ha visto superada por la situación que viven muchas empresas en dificultades. El reciente articulado fue bien recibido por la banca y el mundo empresarial porque daba aire a muchas compañías que estaban a punto de entrar en una situación de liquidación. Sin embargo, las empresas que ya estaban en un paso superior, es decir, aquellas que ya tenían formalizado su convenio de acreedores o están en fase de negociación, no podían beneficiarse de las ventajas previstas en la nueva ley para esquivar la suspensión de pagos. El Gobierno aprovechará la tramitación parlamentaria para corregir esta situación, según confirman fuentes empresariales. Será el quinto cambio que sufrirá la normativa desde que el Consejo de Ministros aprobase, el pasado 7 de marzo, el real decreto de medidas urgentes de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial.

Una de las compañías más conocidas que se beneficiará de esta medida es Martinsa-Fadesa. Precisamente, la salvación de esta constructora, que acumula una deuda concursal de 3.900 millones de euros, se ha convertido en uno de las principales causas para la modificación de la norma. De hecho, el Proyecto Aurora, que prevé el reparto equitativo de lotes de activos inmobiliarios entre los tenedores de deuda ordinaria con una quita que aún está por definir, se ha paralizado hasta que se aprueben los cambios.

Los bancos acreedores quieren que a Martinsa, y por extensión a todas las empresas que están en situación de concurso, se les aplique las mismas ventajas comprendidas en la ley. La modificación reduce las mayorías exigidas para los acuerdos para evitar que se puedan bloquear con facilidad por acreedores minoritarios. Este es uno de los puntos fundamentales para los bancos acreedores de Martinsa ante la solución planteada en el Proyecto Aurora. Las entidades temen, según confirman varias fuentes del sector, que algún accionista minoritario pueda paralizar el proceso alegando que se ha "vaciado la compañía".

El 'Proyecto Aurora', que prevé el reparto de lotes inmobiliarios entre los bancos, está paralizado a la espera de la modificación legislativa

Los cambios que estudia el Gobierno, y que se acabarán introduciendo a la ley, se centrarán en que se extienda la rebaja en las mayorías necesarias para renegociar el pago de las deudas tanto a las empresas que ya cuentan con un convenio, como a las que han solicitado la situación de concurso ante un juzgado mercantil. Así, la reciente norma concursal permite a las compañías diferir el pago de sus deudas entre 3 y 5 años siempre que pacten con el 60% de sus acreedores. Si ese acuerdo se logra con esa mayoría de acreedores, los demás tendrán que esperar también ese plazo para cobrar. Si el acuerdo se logra con hasta el 75% de los acreedores, la empresa y los acreedores podrán pactar quitas a las deudas y el plazo de dilación de cobro se puede extender hasta entre 5 y 10 años.

La nueva ley también contempla que los acuerdos de refinanciación homologados judicialmente podrán extender sus efectos a los acreedores disidentes. También se le concede a la banca prioridad en el cobro en caso de llegar al concurso de acreedores, siempre por detrás de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria.

Los bancos consideran que hay que dar "un poco de aire" a muchas empresas cuyos convenios se negociaron hace dos o tres años. "La mayoría necesita ese otro pequeño empujón que se contempla en la nueva ley", explican desde las entidades.