La amnistía fiscal está provocando que afloren presuntos fraudes de representantes de cartera que lo realmente hacían era estafar a sus clientes. Concretamente, se han conocido dos casos de gestores que, con la excusa de que tenían el dinero de los clientes colocado fuera de España, han dispuesto a su antojo de ese capital. Los inversores se han quedado literalmente de piedra cuando, al solicitar la reinversión de su dinero, comprobaron que o no estaba o había mucho menos de lo depositado. Ocurrió con Alfonso Bermúdez, agente del Banco Popular, y ha vuelto a ocurrir con Carlos Arbó, autodenominado “gestor de fortunas”.
Arbó era el clásico gestor de carteras, que manejaba el patrimonio de varios clientes colocando sus carteras en las entidades que le encajaran mejor. Hace años trabajaba con la extinta Safei, firma en la que trabajó su hermano Sebastián, gracias a una sicav promovida por su entonces suegro, Valentín Bascuñana, presidente de la inmobiliaria Filo y otros altos patrimonios afines. La sicav en cuestión se llamaba Capitalza, y aunque aun existe, ya no les pertenece ni está en dicha firma.
Según recoge en un divertido artículo Economía digital, Arbó repitió el modus operandi de Madoff: reportaba atractivas (aunque no desorbitadas) rentabilidades, en pleno hundimiento de los mercados, mientras él se dedicaba a la gran vida. Entre sus clientes, nombres complejos, como la familia Mestre, Maciá Alavedra y otros. En los últimos tiempos, al parecer, había trabajado con el banco suizo Vontobel, que en 2008 tuvo problemas por la ‘Operación Lietchenstein’ de blanqueo de capitales. Esta entidad sufrió una dura inspección, con la policía judicial irrumpiendo en sus oficinas.
Por su lado, antes del verano se supo que Alfonso Bermúdez de la Puente, hijo del Conde de Castelo, había estafado más de 6 millones de euros a clientes con los que operaba como agente del Banco Popular. Esta persona dispuso libremente de los fondos de los afectados, que fueron repuestos por el banco.
Gran bronca
Algunos de ellos reconocen que hubo escenas de enorme tensión en las oficinas de la entidad financiera, llegando incluso a conatos de agresión por parte de estafados, una vez comprobaron que no podían rembolsar sus ahorros. Popular respondió patrimonialmente, despidió al presunto estafador y ha emprendido acciones legales contra él.
La amnistía fiscal, sin duda, pone en jaque esta controvertida figura del gestor personal de carteras, una figura muy empleada en la banca privada. En muchos casos, se trata de un ejecutivo que maneja los ahorros de una serie de family & friends hasta sumar una cifra respetable.
Este tipo de ejecutivo, habitualmente miembro de una familia de reconocida solvencia y con buena formación, coloca la cartera de sus clientes en la entidad financiera con la que llegue el acuerdo. A cambio de usar la infraestructura de esa firma de alto standing, se reparten las comisiones. El gestor, por su lado, puede utilizar la infraestructura de dicho banco: desde los despachos a los informes financieros, pasando por el uso de tarjetas personales con el membrete de la organización… Aunque no esté en nómina, incluso puede presumir de cargo oficial. Por supuesto, coloca los productos financieros de ese grupo, aunque en tiempos pasados, el verdadero servicio que ofrecían era la capacidad de llevar los ahorros de sus clientes a territorios opacos al fisco con la debida discreción.
La amnistía fiscal y todo lo que conlleva causa que estos profesionales deban reinventarse. Ahora, la colaboración para intercambiar información entre países, unida a la imprescriptibilidad del delito tributario y al endurecimiento de las penas contra el fraude, provocan que las 'ventajas fiscales' de este tipo de agentes hayan desaparecido.
Pero el que no se acoja a la amnistía debería comprobar el estado real de sus inversiones. Los paraísos fiscales ocultan la situación al fisco, pero también al propio inversor, por lo visto.
