El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha salido a defender en rueda de prensa su decreto ley sobre las licencias de vehículo con transporte con conductor (VTC) aprobado en el Consejo de Ministros. “Miren las reacciones de los sectores y vean si alguno puede decir que ha ganado”, ha indicado el ministros tras su explicación de este cambio normativo.
El ministro señala que no pueden "favorecer unos negocios u otros" en relación al conflicto del taxi y las VTC. Asimismo, apunta que todo el decreto está "muy bien apoyado" por la Abogacía General del Estado. "He escuchado las amenazas de los costes, pero el Gobierno no anda huérfano de asistencia jurídica", dice Ábalos.
El Gobierno dará potestad a las comunidades autónomas y los ayuntamientos para suprimir las licencias de vehículos de alquiler con conductor (VTC), las de empresas como Uber y Cabify, que estimen convenientes en sus territorios en un plazo de cuatro años.
Así se establece en el Real Decreto Ley aprobado este viernes en Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Fomento, con el que pretenden contribuir a atajar la 'guerra' abierta entre este sector y el del taxi."Es la primera vez que estamos ante una reforma estructural para solventar un problema como este", ha dicho Ábalos sobre el conflicto en el sector del transporte.
Pretendemos que haya una igualación para que sea el propio mercado a través de la ciudadanía el que decida qué modelo de mercado quiere tener"
En virtud de la nueva legislación, una vez que concluya la moratoria de cuatro años que incluye, las licencias de VTC que existen en España, actualmente 11.200, la mitad de ellas en Madrid, perderán la capacidad de dar servicios en de ámbito urbano, en el que constituye su principal negocio y en el que compiten con el taxi.
"Va a haber recursos, es evidente, pero el Gobierno no va a caer en ningún cálculo especulativo", dice. "Pretendemos que haya una igualación para que sea el propio mercado a través de la ciudadanía el que decida qué modelo de mercado quiere tener", ha añadido el ministro de Fomento.
Una vez pasado ese plazo de cuatro años, la continuidad de la vigencia de las autorizaciones de VTC para dar servicio en las ciudades dependerá de lo que decidan las comunidades autónomas y, especialmente, los ayuntamientos. "Estos cuatro años adquieren naturaleza indemnizatoria, para que nadie pueda interpretar qué indemnización debe adquirir", ha apuntado el ministro.
