El Gobierno cuenta ya con la posibilidad de extender en el tiempo el tope del 2% a las actualizaciones anuales de los alquileres de vivienda. Fuentes del ministerio de Agenda Urbana confirman que se ha perfilado como una medida "prorrogable", al tiempo que fuentes del sector con interlocución con el Ejecutivo advierten de que podría extenderse hasta del 30 de septiembre e incluso, el 31 de diciembre. Siempre, claro está, que se mantenga un escenario de inflación en niveles extraordinarios como el actual, con el Índice de Precios de Consumo ya al borde del 10% en marzo.
El flamante Real Decreto que topa la actualización de los alquileres hasta el 30 de junio -unos 875.000 contratos- se aprobó tras una suba del 7,6% del IPC al cierre de febrero. Un coste "excesivo" para los arrendatarios de vivienda por "elementos del contexto nacional e internacional que son ajenos al ámbito de la vivienda", a ojos del Gobierno.
El de febrero ya era el valor más alto del IPC en "los últimos 35 años, con lo que ha dejado de ser, de manera coyuntural, una referencia adecuada para la aplicación de las actualizaciones anuales de los contratos de arrendamiento de vivienda", según razona el Real Decreto que ha dejado en suspenso el artículo 18 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994.
Ahorro de 60 euros en el alquiler
La inflación promediaría un 8% interanual hasta julio, atendiendo a previsiones recogidas por la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) con anterioridad al pico de marzo. Lo anterior conlleva que el mercado seguiría en junio sufriendo una inflación superior a la que ha llevado al Ejecutivo a suspender de facto el artículo 18 de la LAU. Según las mismas proyecciones, el IPC no bajaría del 6% hasta octubre. El 2022 se saldaría con una inflación promedio del 6,8%, de acuerdo a la última proyección de Funcas.
Los inquilinos que tengan que renovar contrato entre abril y el 30 de junio podrán ahorrarse unos 55-60 euros mensuales de media en el conjunto del Estado. En puntos de alta demanda como Madrid o Barcelona, el ahorro superaría los 60 euros al mes para una vivienda tipo de dos habitaciones, según se desprende de los registros del portal de anuncios Idealista.
Y ello, mientras los precios de los alquileres en España están hoy -tras la rebajas durante la covid- un 50% por encima de los niveles de 2013. Unos 230 euros de media más caros si se toman como referencia datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Creciente enfado en los propietarios
En cuanto a los propietarios, pequeños y grandes, la medida del Gobierno ha sido inicialmente encajada como "en parte lógica". Los salarios de los arrendatarios no han evolucionado a la par del IPC ni de la suba de elementos como la luz o el gas que sufragan los inquilinos, algo de lo que buena parte de los arrendadores ya era consciente. Solo el 15% de los caseros estaba repercutiendo el 100% de la inflación, si bien el 80% de todos los propietarios lo estaba haciendo en al menos algún grado, según una encuesta entre diciembre y febrero de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), con unos 5.000 clientes.
Desde la propia ANA estiman que hubiera sido más equilibrada una limitación de actualizaciones al 3% -ajustada a la inflación del último año y/o la subyacente, independiente de los elementos más volátiles-. Desde el Gobierno han explicado que la medida del 2% sale del Índice de Garantía de Competitividad, una referencia contemplada por la Ley de Arrendamientos Urbanos y "un índice situado actualmente en el 2% y que no puede superar ese porcentaje de acuerdo con su definición".
Desde el anuncio de Pedro Sánchez el pasado lunes, la preocupación de los propietarios ha girado más bien en torno a la extensión en el tiempo de lo que consideran una "imposición innecesaria", con el impacto que ello tendría en la seguridad jurídica del mercado.
"Es cuestionable que los efectos de una Ley (Ley de Arrendamientos Urbanos) puedan limitarse de manera sustancial mediante un Real Decreto-Ley"
"Es cuestionable que los efectos de una Ley (Ley de Arrendamientos Urbanos) puedan limitarse de manera sustancial mediante un Real Decreto-Ley", han advertido desde la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler, la entidad que representa sobre todo los intereses de grandes propietarios de vivienda en alquiler como el fondo de inversión Blackstone.
Su temor en el fondo es que la medida se "prorrogue de manera permanente, como ya ha ocurrido con los Reales Decretos de paralización de desahucios" a causa de la pandemia. Cabe notar, en suma, que el Gobierno prevé tener aprobada entre julio y septiembre la Ley de Vivienda que facultaría a las Comunidades Autónomas para poner límites a los precios en zonas tensionadas.
Fuentes del mercado y también jurídicas inciden en que la viabilidad de las posibles reclamaciones por parte de los propietarios estará marcada por la extensión en el tiempo de la nueva regulación -una limitación de tres meses como la actual encaja con la urgencia del decreto- y el monto en juego -esto es, se ve más factible que sean los grandes propietarios quienes impulsen la demanda de compensaciones por perder las rentabilidades a las que les daba derecho la ley por tratarse de mayores volúmenes agregados-.
El nuevo decreto hace una distinción entre pequeños y grandes propietarios toda vez que permite a los primeros subir el alquiler más allá del 2% en el caso de que el arrendatario lo acepte -no así a los fondos, quienes llevan tiempo, de hecho, denunciando una "discriminación". En cualquier caso, mientras perdure el nuevo decreto, la decisión final será del inquilino.
