La banca no encuentra aliados políticos, al menos, para frenar en seco el 'impuestazo' al sector. Las entidades dan casi por cerrada la vía de que un partido político presente un recurso ante el Tribunal Constitucional y consideran que sólo Vox tiene la llave en estos momentos para activar este plan, según distintas fuentes financieras consultadas por Vozpópuli.

El recurso ante el Tribunal Constitucional requiere de al menos 50 diputados o senadores. Sólo PP y Vox estarían por tanto en disposición de frenar el 'impuestazo' en el Constitucional. El sector se ha movido con discreción y asume ya que tendrá que convencer a los partidos para suavizar el gravamen durante la tramitación parlamentaria. "No está descartado un recurso ante el Constitucional, pero la única y pequeña esperanza es Vox", señalan fuentes próximas a uno de los grandes bancos del Ibex.

Los equipos jurídicos de las entidades entienden que la nueva tasa con la que el Gobierno aspira a recaudar 3.000 millones en dos años es claramente inconstitucional por suponer una doble imposición y por ser discriminatoria con respecto a otros sectores.

Sin recurso ante el Constitucional, cada entidad tendrá que explorar la vía judicial por separado y sólo podría activarla a partir de febrero"

Desde el primer momento, las entidades eran conscientes de la dificultad de que un partido presentara un recurso ante el Constitucional por el coste político. Más aún cuando el recurso podría tener eco antes del inicio de las campañas de cara a la elecciones municipales y autonómicas de la primera mitad de 2023, en la antesala de las generales.

La clave para la banca con un recurso ante el Constitucional es acelerar los plazos para tratar de no pagar el impuesto. No se frenaría la tramitación parlamentaria, que está pendiente de ser aprobada por el Congreso. En el caso de que el Constitucional lo admitiera con carácter de urgencia, se podría declarar inconstitucional en tres o cuatro meses, según fuentes jurídicas.

Pero si no hay recurso de Vox cada entidad debería explorar la vía judicial por separado y sólo podría iniciarla a partir de febrero de 2023, que es la fecha en la que los bancos deberán realizar un abono a cuenta del 50%, según fuentes bancarias. El Grupo Socialista y Podemos, como socios del Gobierno de coalición, registraron el 28 de julio la proposición de ley con el impuesto a la banca y a las energéticas.

Antes de que empiece la tramitación parlamentaria, el Pleno del Congreso tiene que votar la proposición de ley, que parece que será validada casi con toda probabilidad. En el sector bancario se cree que el nuevo impuesto verá la luz en dos meses tras la fase de enmiendas, según el calendario que manejan en unos de los grandes bancos.

Puntos de fricción para la banca

Uno de los puntos que más han soliviantado a los grandes bancos es el corte establecido para pagar o no el impuesto. Confían en poder bajar en la enmiendas el listón de 800 millones de euros sobre la base de ingresos por el margen de interés y por las comisiones del ejercicio 2019. Los grandes bancos advierten de que hay entidades pequeñas que son fuertes competidores en algunas zonas geográficas.

De momento, a la banca le salen la cuentas en plena aceleración de los tipos de interés en la zona euro. CaixaBank, Santander, BBVA, Sabadell y Bankinter ingresarían hasta 3.200 millones de euros en un año si el Banco Central Europeo (BCE) sube los tipos la próxima semana hasta el 1%, el escenario más probable que contempla el mercado. Es decir, lograrían en doce meses al menos los 3.000 millones que se ha fijado como objetivo el Ejecutivo de Sánchez para recaudar con el impuesto en 2023 y 2024.

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