El Banco de España (BdE) y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) presionan al PSOE y sus socios para frenar el asalto a su independencia. Éstos llevaron al Congreso un informe en el que solicitan que "los fines y objetivos" de los principales organismos independientes puedan ser "fijados periódicamente por el Parlamento en función de las necesidades de cada momento".
De esta forma, podrían "orientar las decisiones" de las citadas autoridades, reconocían en el informe firmado por los Grupos Socialista y Más País. Entre los organismos en el punto de mira del PSOE y sus socios se encuentran el Banco de España y la AIReF, que velan por la sostenibilidad de las finanzas públicas y la consolidación fiscal, y que vigilan las políticas sobre impuestos o pensiones.
Sin embargo, la Autoridad Fiscal y el Banco de España han cerrado filas apelando a la Unión Europea para defenderse de esta ofensiva, según ha podido saber Vozpópuli. La presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, lo reconoció públicamente esta semana en una rueda de prensa al ser preguntada por este asunto.
En primer lugar, Herrero defendió que la AIReF no es un organismo regulador sino supervisor, por lo que "no toman decisiones ni ponen sanciones" y, por tanto, hay un error de base al incluirlo en la configuración de la propuesta del PSOE. Pero, además, mandó un mensaje claro a los que intentan interferir en su independencia: la Unión Europea estará vigilante.
"Nuestra normativa no es ajena a la europea y la Unión Europea no se va a quedar al margen de la evaluación de la correcta aplicación de la ley de funcionamiento de la AIReF", advirtió la presidenta. Herrero mencionó que, de acuerdo a la normativa europea y la propia ley de funcionamiento de la AIReF, el organismo supervisor "no puede recibir instrucciones". Por tanto, "todas estas consideraciones me llevan a esperar que, finalmente, igual que se ha excluido al Banco de España, se excluya a la AIReF", sentenció.
Entre los organismos independientes que se han colocado bajo el escrutinio del Congreso, además de la AIReF, están la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), el Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB), el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG).
Estos organismos, junto con Banco de España, han presionado al Grupo Socialista, además del propio Ministerio de Asuntos Económicos que lidera la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, para que reconsidere la iniciativa. De momento, en las últimas sesiones parecería que los Grupos han rebajado el tono de la embestida.
El informe no sólo plantea limitar su independencia, sino que va más allá y propone que el Gobierno pueda incluso suprimirlos. El Grupo Socialista también presentó una enmienda que se incorporó para extender el informe también al Banco de España al ser otra entidad "de Derecho público", pero más adelante pide limitar claramente las materias en que opera principalmente en los campos determinados por la normativa de la UE.
Ofensiva contra el INE
Este informe avanza en su tramitación en las Cortes en un momento en el que el Gobierno está alimentando las dudas sobre la fiabilidad de la estadística oficial y tiene en el foco al INE porque sus previsiones económicas muestran una recuperación más moderada que la que el Ejecutivo publicita. Así, ha cuestionado abiertamente los datos del PIB y ha empezado a producir nuevos indicadores, como un PIB diario, las ventas diarias de la Agencia Tributaria o los datos de afiliación adelantada de Inclusión. Esta ofensiva ya alcanza al IPC, otro de los indicadores que peor está respondiendo, en informes de servicios de estudios próximos al Gobierno.
El informe sobre los organismos independientes nace en el seno de la Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales. Y en concreto, de la Subcomisión relativa al análisis de las medidas necesarias para reforzar la imparcialidad e independencia de autoridades independientes y organismos de regulación, y la protección de la figura del denunciante de los casos de corrupción.
