La imputación en primera instancia del F.C. Barcelona por cohecho en el caso Negreira y su exclusión como posible perjudicado no configuran supuestos de "aumento de ingresos" para los bonistas o de "incumplimiento del contrato" para la financiación de la reforma del Camp Nou, la gran operación financiera emprendida por la Junta de Joan Laporta. De hecho, el club ha sorteado hasta el momento todos los posibles escenarios de riesgo, según se desprende de la documentación firmada por el Barça y la que obra en el proceso judicial a iniciativa de la Fiscalía.
Y es que los inversores han fijado cuatro potenciales escenarios bajo cuyo "acaecimiento y persistencia" podrían precipitar la devolución de su dinero (con los consiguientes intereses) al margen del propio archivo o resolución legal del asunto. Esto es, el desenlace final contemplado es el de una sentencia firme, que podría tomar unos cinco-seis años según fuentes jurídicas, y que, en caso de resultar desfavorable al Barça, también le abocaría a indemnizar (o recomprar) a los inversores. Estos últimos, por lo pronto, han exigido una actualización trimestral de la información sobre el caso a la directiva blaugrana.
Así las cosas, el primero de los escenarios o desenlaces intermedios contra los que los bonistas han querido blindarse es que la Fiscalía decida presentar una "querella formal" -más compleja que la denuncia a secas- contra el Barça por corrupción deportiva u otros delitos ligados a los pagos a José María Enríquez Negreira. La Fiscalía Provincial de Barcelona presentó ya en marzo -antes del acuerdo por escrito entre Laporta y los inversores del Espai- una denuncia -no una querella como tal- que está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona en el mismo procedimiento que la querella contra el exnúmero dos del comité arbitral por parte del también exárbitro Xavier Estrada Fernández.
La entidad que encabeza Aleksander Ceferin ya abrió un expediente de cara a la actual temporada que se ha saldado con la autorización provisional para competir -pero que podría ser revocada de cara a la siguiente temporada a la luz de la evolución del proceso judicial
Otro escenario que se ha contemplado por escrito es el de que la UEFA emita una resolución apartando al Barcelona de las competiciones europeas sin esperar a sentencia firme. La entidad que encabeza Aleksander Ceferin ya abrió un expediente de cara a la actual temporada que se ha saldado con la autorización provisional para competir, pero que podría ser revocada de cara a la siguiente temporada a la luz de la evolución del proceso judicial.
El tercer posible desenlace intermedio, al hilo del anterior, es que tanto el Barça como la UEFA alcancen "un acuerdo en relación con las acusaciones de corrupción", esto es, que el club, para atenuar riesgos futuros, ceda a un acuerdo extrajudicial con el ente rector europeo.
En suma, el cuarto de los escenarios alternativos previstos es que la Real Federación Española de Fútbol -o LaLiga- se anticipen a la resolución judicial en firme y emitan una resolución que sancione al Barcelona con la pérdida de la categoría como resultado "de las denuncias de corrupción". En cualquier caso, dentro de la esfera de la justicia deportiva, los posibles ilícitos vinculados a los pagos a Negreira estarían prescritos (los últimos corresponden a 2018, siendo el plazo de prescripción de tres años).
Otros riesgos para el Barça
No están prescritos para la jurisdicción penal dentro de la que está actuando el juez Joaquín Aguirre, que contempla sanciones y penas de cárcel en caso de encontrar culpables a los directivos presuntamente implicados a título personal, pero también abre la puerta a consecuencias para el club: de uno a cinco años sin poder ejercer su actividad, esto es, una inhabilitación.
Es el riesgo más extremo dentro de un complejo abanico que incluye multas económicas, pérdida de ayudas públicas y sanciones en línea con las previstas en la jurisdicción estrictamente deportiva: en esencia, la pérdida de categoría, según prevén el Real Decreto de 1993 en materia de disciplina deportiva y el código disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol.
En cualquier caso, la resolución en firme del proceso penal podría precisar de varios años, por lo que no ha de extrañar que los inversores se hayan blindado también frente a escenarios intermedios.
A ello, además, cabe añadir las cláusulas acordadas por los bonistas con el presidente blaugrana en caso de un deterioro económico del club -esto es, ante una rebaja en la calificación crediticia de su deuda- como, incluso, ante una venta de la propia institución, supuesto que las partes han acordado definir como la externalización de más de un 20% del capital social.
