La preocupación por lo saneadas que estén las cuentas españolas, que según las previsiones seguirán en 2019 con un déficit del -2,5% del PIB, parece haber motivado a la Comisión Europea (CE) a financiar un proyecto cuyo objetivo final es institucionalizar la labor de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).
Como ya adelantó Vozpópuli, la Airef y el Gobierno empezaron a trabajar en noviembre para elegir cuáles serían los temas de estudio que se analizarían en la tercera fase del programa de evaluación del gasto público (Spending Review), después de dos primeras oleadas de estudios.
En el marco de este diálogo, la Airef propuso -a raíz de una petición de la Junta de Castilla y León- que uno de los estudios que integraran esa tercera fase se utilizara para analizar cómo se puede crear en España una Ley de Evaluación similar a la que existe en otros países, para que el control del gasto por parte de la Airef se haga por ley de forma automatizada y no mediante encargos puntuales como ocurre en la actualidad.
La institución que preside José Luis Escrivá presentó este proyecto a la Comisión Europea en noviembre con la intención de que fuera financiado con cargo a sus fondos, y esa petición fue aceptada por Bruselas la semana pasada.
En qué consiste el proyecto
El proyecto estudiará qué sistemas existen en otros países y propondrá la instauración de unos procedimientos regulares para evaluar el resultado de las políticas públicas de forma recurrente.
De esta forma, cuando una política pública no funcione, el Gobierno correspondiente (central, autonómico o local) podrá saberlo y (sería deseable) cambiará esa política por otra que funcione mejor.
La idea surgió a raíz de una petición de la Junta de Castilla y León, que le pidió ayuda a la Airef para crear una "Agencia Autonómica de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, con el objeto de promover y realizar evaluaciones y análisis de impacto de las políticas y programas de la Junta de Castilla y León, así como el impulso de la gestión de la calidad de los servicios, favoreciendo el uso racional de los recursos y la rendición de cuentas a la ciudadanía", explica la Junta en un comunicado.
Lo que ya se ha revisado
La primera fase del Spending Review (2018) constó de siete informes en los que se analizaron cómo se conceden las subvenciones; si es eficiente el gasto de 10.170 millones de euros en medicamentos dispensados con receta; o si tienen resultado los 6.000 millones de euros que se destinan a políticas activas de empleo.
También se analizó la utilidad y adjudicación de los 900 millones en becas universitarias; los 310 millones en promoción del talento y la empleabilidad en I+D; los 540 millones que se dan para apoyar la competitividad empresarial; y los 180 millones que cuesta la empresa Correos.
En total, se revisó un volumen de gasto público de 18.100 millones de euros anuales, un 1,5% del PIB, mucho menos que lo se está revisando en la segunda: 70.000 millones de euros, un 6% del PIB.
La segunda fase (2019), que está en la recta final y se presentará en la primera mitad del próximo año, ha estudiado los 55.000 millones de euros que deja de ingresar el Estado por beneficios fiscales; los 7.080 millones de euros de gasto en farmacia hospitalaria y bienes de equipo de alta tecnología; 2.300 millones destinados a incentivos a la contratación y 5.500 millones de euros invertidos en infraestructuras de transporte.
