Los países miembros de la UE se han saltado 165 veces el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y en 114 ocasiones lo hicieron sin justificación alguna y asumiendo el riesgo de que la Comisión Europea les multara por no haber situado el saldo por debajo del 3%. Pero lo cierto es que la Comisión nunca ha puesto una sanción por este motivo. Ésta es una de las razones por las que el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, confía fuertemente en que España no sea sancionada por el incumplimiento del déficit en 2015.
"El sentido común se acaba imponiendo", llegó a decir este lunes Guindos tras participar en el Foro Empresarial Lidera Málaga. Para Guindos, no cabe duda de que la Comisión valorará que España es ahora la economía que más crece y que más empleo crea, así como el enorme esfuerzo que ha hecho para reducir el saldo negativo de sus cuentas a lo largo de esta legislatura. El ministro no pensaba lo mismo hace unos días, cuando hablaba con cierto temor del riesgo de que la multa llegara.
A Guindos le llegan buenas sensaciones desde Bruselas
¿Le han prometido los colegas de Bruselas que no habrá multa? Guindos basa su convencimiento tanto en las conversaciones que está teniendo estos días con las autoridades comunitarias como en la interpretación que él mismo hace de los acontecimientos. Y razones no le faltan porque hace solo dos semanas Bruselas decidió dar una tregua al Gobierno de Mariano Rajoy y aplazar la decisión de la multa al mes de julio para no interferir en las elecciones del 26 de junio.
En cualquier caso, a la Comisión le suele temblar el pulso a la hora de poner este tipo de sanciones. De hecho, nunca hasta ahora se ha multado a un país por no cumplir el Pacto de Estabilidad, algo curioso teniendo en cuenta que los países se lo han saltado en 165 ocasiones, según las cifras del Instituto de Investigación Económica alemán (Ifo). Y en 114 de esas 165 ocasiones el incumplimiento no estaba justificado y, por tanto, podría haber habido multa.
La CE tiene vértigo a multar
Ya lo dijo hace unas semanas el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, que aseguró sin medias tintas que a la Comisión le entra el vértigo cuando tiene que poner una multa. Y en las mima línea se manifiesta el presidente del Ifo, Clemens Fuest, que asegura que el número de violaciones del Pacto es “sorprendente” y demuestra que las reglas europeas “no funcionan” y que se necesitan otros mecanismos.
Francia es el país que más veces ha incumplido el Pacto sin motivo
Según las cifras del instituto alemán, Francia es el país más infractor, puesto que ha incumplido el pacto en 11 ocasiones sin estar en recesión, es decir, sin motivo para no situar el déficit por debajo del 3%. A continuación se sitúan Grecia, Portugal y Polonia, con diez infracciones cada uno. El Reino Unido ha sobrepasado el límite en 9 ocasiones, Italia en 8, Hungría en 7 y Alemania e Irlanda 5 veces.
Todos estos países han incumplido los límites europeos en más ocasiones que España, que ha registrado más déficit del que debía en cuatro ocasiones sin que haya motivos que lo justifiquen, igual que Lituania, Malta y Eslovaquia. De hecho, en el caso de España solo se cuentan los años 2008, 2010, 2014 y 2015, ejercicios en los que ha tenido un déficit elevado a pesar de que el PIB estaba creciendo. En 2009, 2011, 2012 y 2013 España tampoco cumplió con el 3%, pero estaba en recesión.
Solo 5 países han cumplido siempre
Chipre, Rumanía y Eslovenia han registrado solo 3 incumplimientos cada uno, mientras que Bulgaria, la República Checa, Holanda y Austria se han desviado dos veces del objetivo. Croacia y Letonia se han saltado la norma en una sola ocasión y cinco países han cumplido siempre con la disciplina fiscal presupuestaria: Luxemburgo, Estonia, Finlandia, Dinamarca y Suecia.
A principios de julio la Comisión tendrá que decidir primero si aprueba un dictamen negativo sobre España por la no aplicación de medidas en 2015 para reducir el déficit. El dictamen irá después al Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (Ecofin), que tendrá que aprobarlo y pedir a la Comisión que imponga la multa al país incumplidor. A partir de ahí, la Comisión tendría 20 días para definir la sanción, que podría llegar a 2.000 millones (el 0,2% del PIB español) y el Gobierno 10 días para convencer a las autoridades comunitarias.
