El Congreso ha aprobado la reforma concursal en ausencia de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y de la ministra de Justicia, Pilar Llop, las dos abanderadas de la ley. La Cámara Baja remite ahora la normal al Senado, con lo que la ley no entrará en vigor hoy 30 de junio como preveía el Gobierno y se había comprometido con Bruselas. Y en el día en que acaba la moratoria concursal, que cumpla ahora 27 meses y que el Gobierno no va a prorrogar.
Se ha habilitado el mes de julio en el Senado y se prevé que la Cámara Alta dé luz verde a la norma en un Pleno el 19 y 20 de mes. De esta forma, entrará en vigor ya entrado el mes de agosto, pues el texto establece que lo hará a los 20 días de su publicación en el BOE.
Durante el mes de julio no habrá por lo tanto ni moratoria ni la nueva normativa más flexible estará en vigor. Al acabar la moratoria, las empresas que se encuentren en situación de insolvencia volverán a tener la obligación de solicitar concurso de acreedores, y estos podrán instarles el concurso necesario.
A pesar de la crisis causada por el alza de los precios de la energía y la guerra en Ucrania, los expertos no auguran que se vaya a producir una avalancha de concursos, pero sí que van a aflorar numerosas empresas en dificultades y se va a conocer la situación real de tejido productivo.
Puede ayudar en este sentido que agosto no es un mes hábil para las actuaciones judiciales y que en julio la actividad puede reducirse. Calviño ha explicado que la moratoria prevé un periodo transitorio cuando decae que a su juicio va a hacer el tránsito más seguro.
A pesar del retraso, el Grupo Socialista ha conseguido enderezar la tramitación de la reforma, que a principios de junio se complicaba porque tanto los socios de Pedro Sánchez como la oposición exigían mejoras que el Gobierno no estaba dispuesto a conceder.
Finalmente, la Comisión de Justicia del Congreso ha aprobado en el Dictamen a la vista del Informe elaborado por la Ponencia enmiendas que elevan la aportación pública a un máximo de 15.000 euros de los 2.000 euros que llevaba el anteproyecto de ley. En concreto, se trata de 5.000 euros por deudas de Hacienda y otros 5.000 por deudas de la Seguridad Social, a lo que se añade el 50% respectivo de la diferencia entre 5.000 y 10.000, es decir, hasta 15.000 euros. Esto puede suponer el 90% de la media de deudas de las personas físicas con estos organismos.
Unidas Podemos y PSOE han llegado este miércoles a un acuerdo transaccional en torno a dos enmiendas presentadas por Unidas Podemos y cuya finalidad es facilitar la supervivencia de proyectos empresariales que siguen siendo viables, a pesar de estar atravesando una fase de insolvencia, mediante el rescate por parte de los propios trabajadores, constituidos en sociedad laboral o cooperativa.
Mejoras de última hora
Una de las enmiendas remarca que las personas trabajadoras interesadas en la sucesión de la empresa podrán llevar a cabo una propuesta de adquisición de una empresa en concurso mediante la constitución de sociedad cooperativa, laboral o participada, y que esta proposición será priorizada cuando “la oferta sea igual o superior a la de las demás propuestas alternativas presentadas siempre que ello atienda al interés del concurso, considerando en el mismo la continuidad de la empresa, la unidad productiva y los puestos de trabajo, entre otros criterios”. Esto significa que, en caso de que existan varias propuestas vinculantes de adquisición, se priorice la de los trabajadores en igualdad de condiciones frente a las de terceros.
Además, la otra enmienda transaccionada elimina uno de los principales escollos que existían para dicho rescate, al permitir algo que hasta ahora no era posible: que los trabajadores con voluntad de corresponsabilizarse del futuro de la empresa puedan capitalizar el tiempo que acumulaban de cotización al desempleo. Se acaba así con algo que venía sucediendo: que los trabajadores no puedan rescatar su empresa, por falta de capital, teniendo que esperar a que esta estuviese liquidada para capitalizar el desempleo.
Los expertos a los que ha consultado Vozpópuli creen sin embargo que es una medida cosmética, que ya se podía hacer aunque no tenía desarrollo legal y que ahora quizás puede entorpecer más que ayudar al concurso porque puede dar preferencia a esta opción sobre otras mejores.
El Congreso también ha aprobado la Ley Crea y Crece, que busca facilitar la creación y el crecimiento de las empresas, que también se remite al Senado.
