El Gobierno quiere que el coche eléctrico sea una realidad en nuestras ciudades y carreteras en pocos años, pero lo hace con mínimo esfuerzo que dificulta mucho su implantación. Porque el impulso del coche eléctrico que las marcas están realizando desde hace años no se ve acompañado de una respuesta similar por parte de las administraciones en lo que al desarrollo de las infraestructuras se refiere, que siguen siendo insuficientes y, sobre todo, muy por debajo de la media de los principales mercados europeos.
Para que en 2030 lleguen a cumplirse las optimistas previsiones del Gobierno de que circulen por España cinco millones de coches eléctricos, este 2022 recién estrenado debe marcar un importante salto en las ventas de estos modelos, algo que no va a ocurrir si no se acompaña de un impulso de las infraestructuras de recarga necesarias para dar soporte a los cada vez más numerosos usuarios del coche eléctrico. Usuarios que empiezan ahora a ver como la poca infraestructura existente ya no es suficiente para el actual parque eléctrico.
Y es que actualmente hay desplegados por el territorio español unos 12.000 puntos de recarga, de los que el 85% son de carga alterna y el 15% de continua, esta última imprescindible de cara a los desplazamientos por carretera que necesitan cargas ultrarrápidas para poder plantearse un viaje con un turismo 100% eléctrico.
Para impulsarlo, los operadores de recarga para el vehículo eléctrico tienen previstas unas inversiones de más de 3.000 millones de euros hasta 2030 en puntos públicos en España para poder atender así a una demanda que podría llegar a esos cinco millones de turismos 100% eléctricos. Aunque ya hay inversiones ejecutadas de unos 110 millones de euros, hay comprometidos cerca de 50 millones para instalaciones de recarga que están pendientes de trámites administrativos para su instalación, cerca de 5.000 nuevos puntos que, con el Real Decreto recién aprobado para impulsar la infraestructura de recarga en la vía pública en el que queda eximida de la obtención previa de licencia de obra, podría llegar a ser este año una realidad.
Ha sido este sin duda uno de los puntos más relevantes que ha marcado el Gobierno de cara a agilizar la implantación de nuevos puntos de recarga, porque hasta ahora, los trámites para la instalación podían durar cerca de un año, unas barreras administrativas que, si realmente se eliminan, permitirían alcanzar con mayor facilidad los 23.000 puntos de recarga de acceso público en este año. En 2025 la cifra subiría hasta los 70.000 y en 2030 hasta los 255.000, aunque esta última podría llegar hasta los 340.000 en un escenario de "fuerte impulso de la electrificación" con cinco millones de turismos eléctricos.
Porque a día de hoy, España sigue a la cola de Europa en lo que al coche eléctrico se refiere y, lo que es peor, avanzando a un ritmo más lento que el resto de los principales países de su entorno, perdiendo el paso por tanto en una muestra de que las cosas no se están haciendo bien. El empujón por parte del Estado debe ser este año sin duda importante para recuperar terreno y evidenciar una clara apuesta por el rápido desarrollo del coche eléctrico. Y es que al ritmo actual, es impensable alcanzar los objetivos que, de palabra, anuncia el Gobierno desde hace tiempo.
Pero el tiempo pasa y seguimos lejos, muy lejos, y España no puede permitirse este 2022 volver a aumentar la brecha que nos separa de los principales mercados europeos. Aunque el aumento de la infraestructura sigue en progreso, el nivel de desarrollo además de lento está vinculado, principalmente, a niveles de potencia bajos, donde el 86% de la red actual de acceso público en España es de potencias de hasta 22kW, lo que supone tiempos de recarga muy altos.
Objetivo, recuperar producción
Mercado del coche eléctrico aparte, la industria española es otro de los focos en este 2022, una industria en plena crisis y en pleno periodo de transformación hacia el coche eléctrico que está viviendo una de las épocas más duras de las últimas décadas. Y es que a la crisis sanitaria de la covid-19 a principios de 2020 se unieron los problemas de abastecimiento de microchips el pasado 2021 que ha condicionado no sólo las ventas, sino sobre todo la producción.
Porque la pérdida en este sentido de las fábricas españolas ha sido sin duda notable, con una caída en torno al 6% que supone haber dejado de producir unos 200.000 vehículos respecto a las previsiones que se manejaban a principios de año. Y es que tras haber rozado hace pocos años los tres millones de unidades producidas, en 2021 se superaron por poco los dos millones, cifra que para este 2022 debería crecer ligeramente, aunque va a estar condicionada a la problemática de los chips.
Las primeras previsiones del sector no vaticinan un inicio de 2022 prometedor. Y es que desde la patronal de fabricantes Anfac, estiman que la situación no mejorará como mínimo hasta mediados de 2022, lo que va a dejar poco margen de recuperación en un año en el que además, todos los fabricantes miran hacia el coche eléctrico y la asignación de nuevos modelos con esta tecnología que asegure el futuro de las plantas y de los empleos.
Brotes verdes también hay, y con las plantas “españolas” de Stellantis (Figueruelas, Vigo y Madrid) bien asentadas ya produciendo en sus líneas de montaje diversos modelos 100% eléctricos como el Opel Corsa, el Peugeot 2008 o el Citroën ë-C4, otras muchas están pendientes de confirmar a lo largo de este 2022 la llegada de nuevos modelos eléctricos. Y las que a priori mejor lo tienen y podrían confirmarlo a lo largo de este año son las dos plantas del Grupo Volkswagen, la de Seat en Martorell (Barcelona) y la de Volkswagen Navarra en Pamplona.
La multinacional alemana ya anunció su plan de inversiones para los próximos cinco años en España y, en este sentido, avanzó su intención de fabricar turismos eléctricos compactos en la planta de Seat en Martorell y modelos SUV eléctricos en las instalaciones de Volkswagen Navarra. Eso sí, el grupo alemán dejó claro que la decisión final, que debiera tomarse este año, dependería en gran medida de las ayudas públicas, en referencia al PERTE que tenía previsto aprobar el Gobierno y que ahora que ha visto la luz debiera servir en ese necesario empujón para estas dos emblemáticas plantas que generan miles de empleos.
