Los magistrados del Tribunal Supremo tienen este lunes en su mano el futuro de millones hipotecados, el sector financiero, sus empleados e incluso el de las cuentas públicas españolas. En una de las deliberaciones más controvertidas y polémicas, el Alto Tribunal deberá decidir cómo se aplica el fallo del 18 de octubre.
A priori, se esbozan tres escenarios: que el pago del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) no sea retroactivo, de forma que los bancos empiecen a asumirlo a partir de ahora; que sea retroactivo en los últimos cuatro años; que sea aplicable a todas las hipotecas en vigor.
El segundo y tercer escenario (retroactividad en distintos grados) tendrán un impacto considerable para los bancos y el Estado.
Así, el escenario central -retroactividad en los últimos cuatro años- implicaría un golpe de entre 2.300 millones (según Moody's) y 3.600 millones (según Gestha). En primer lugar, asumirían esta factura las Comunidades Autónomas, que cobraron el impuesto a los hipotecados. Y, supuestamente, éstas reclamarían más tarde a la banca su abono.
Implicaciones
Por ello, esta decisión del Supremo podría provocar que doce comunidades incumplieran su objetivo de déficit y que el propio Estado español viera frustrado el objetivo de salir del procedimiento de déficit excesivo.
Un golpe de unos 3.000 millones sería asumible para los bancos, aunque dejaría muy debilitadas a algunas entidades medianas. El sector está relativamente bien capitalizado, pero con los márgenes muy justos. Por ello, una nueva oleada de provisiones dejaría las cuentas y la solvencia de los bancos más domésticos muy justas. Los más presionados son los grupos medianos de cajas, que podrían verse abocados a fusiones, algo que indirectamente provocaría nuevos recortes de plantilla.
El tercer escenario sería catastrófico para los bancos. Las previsiones de cuánto implicaría aplicar la retroactividad total van desde los 9.000 millones hasta los 30.000 millones, cifras que podría llevarse por delante varias entidades.
De ahí los esfuerzos que lleva haciendo el sector financiero desde hace semanas por explicar su postura: "Los bancos han actuado en todo momento de acuerdo a la ley, a la normativa fiscal vigente desde hace más de 23 años", expusieron desde la AEB la semana pasada.
Hay en juego mucho: las cuentas del Estado; la superviviencia de algunas entidades; el trabajo de miles de empleados de la banca; y que millones de hipotecados recuperen entre 2.000 y 3.000 euros, por cabeza. El Supremo tendrá que decidir dónde inclina la balanza.
