Las ayudas directas que el Gobierno ha ideado para paliar los efectos de la guerra en Ucrania y la inflación, y que plasmado sobre el papel a través de un real decreto de 160 páginas, tienen ciertas 'lagunas' que las hacen menos atractivas de lo esperado para las empresas. Tanto es así que algunas se están planteando ahora si pedirlas o no por la incertidumbre jurídica que les suscita el documento, según reconocen fuentes empresariales a Vozpópuli.
El Gobierno otorgará ayudas directas a los sectores más afectados por la crisis causada por la guerra, como el transporte, la agricultura, la pesca y la ganadería, con validez hasta el 30 de junio. También apoyará a la industria electrointensiva con ayudas que se podrán solicitar hasta el 30 de abril. Las empresas también podrán acceder a otros 10.000 millones que la banca movilizará a través de préstamos ICO, y acogerse a los ERTE, incluidos en la reforma laboral.
Las empresas que reciban estas ayudas no podrán realizar despidos objetivos por causa del aumento de los costes energéticos -aunque sí por otras relacionadas con la guerra, como la falta de suministros- hasta julio. Tampoco podrán hacerlo si entran en ERTE por causas relacionadas con la invasión de Ucrania. En caso de despedir a trabajadores por estas causas, tendrán que devolver las ayudas recibidas y las exoneraciones de cotizaciones sociales, respectivamente.
"En aquellas empresas beneficiarias de las ayudas directas previstas en el presente real decreto-ley, el aumento de los costes energéticos no podrá constituir causa objetiva de despido hasta el 30 de junio de 2022. El incumplimiento de esta obligación conllevará el reintegro de la ayuda recibida. Asimismo, las empresas que se acojan a las medidas de reducción de jornada o suspensión de contratos reguladas en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores por causas relacionadas con la invasión de Ucrania y que se beneficien de apoyo público no podrán utilizar estas causas para realizar despidos", reza el documento.
Sin embargo, las empresas consideran que las medidas que han salido publicadas en el BOE esta semana crean incertidumbre, pues "no está bien determinada la causa, no se explica expresamente qué se considera apoyo público, y tampoco se especifican las consecuencias jurídicas" de incumplir la prohibición del despido. "Todo eso genera incertidumbre y las empresas tienen dudas sobre si pedir o no las ayudas", reconocen las fuentes empresariales consultadas por este periódico.
Sobre este asunto, Ana Gómez, socia del área laboral de Ceca Magán, asegura que "la redacción de la norma no es clarificadora en cuanto a qué debe entenderse por ayuda pública" y también "genera muchas dudas la interpretación que debe hacerse del término legal 'causas relacionadas con la invasión', el cual de un modo poco acertado permite una interpretación extensiva y generando sin pretenderlo una gran inseguridad jurídica".
En este sentido, "el efecto directo de toda esta inseguridad es que las empresas que son mayoritariamente pymes, y ya vienen aprendidas de la experiencia adquirida durante la pandemia con los ERTEs, ahora pueden preferir sin dudarlo no solicitar las nuevas ayudas, a fin de evitar las servidumbres laborales que este nuevo real decreto ha creado", asume la abogada laboralista.
Riesgo de quiebras y despidos masivos
En definitiva, de manera preliminar, las empresas se muestran más reacias a solicitar estas ayudas que las de la pandemia (con los ERTE por fuerza mayor y los avales del ICO) por la falta de concreción de la normativa y la falta de diálogo del Gobierno con los agentes sociales a la hora de idear este plan de choque. Las patronales ya están recomendando a las empresas que analicen su viabilidad futura antes de acogerse a las medidas, pues tendrán que devolver las prestaciones en caso de realizar ajustes, además de que los despidos se declararán nulos o improcedentes.
Algunos expertos apuntan también que el hecho de que las empresas que soliciten estas ayudas pierdan la capacidad de ajustar sus plantillas a un shock de oferta, podría tener efectos adversos en la economía, condenando a la quiebra a algunas empresas con menos músculo financiero que necesiten efectuar despidos para sobrevivir, o alimentando el mantenimiento artificial de los empleos para asumir después una oleada de parados una vez se levante la prohibición.
El economista de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) Marcel Jansen analizó esta semana junto a otros expertos el plan de choque del Gobierno y criticó el "intervencionismo excesivo" del Gobierno con el veto a los despidos por decreto. "Queremos evitar despidos y las ayudas pueden servir para reducirlos, pero eso no quiere decir que tengamos que diseñarlas de tal forma que las empresas no puedan hacer despidos objetivos basados la causa de la crisis, eso sólo nos lo va a complicar y no es la medida que necesitamos".
El experto también comparó la actual situación con la de marzo de 2020. En ambas se tomaron medidas "de corto plazo", pero "entonces los ERTE eran muy generosos y aquí no tanto", añadió. "No hay que encorsetar demasiado estas ayudas porque podemos perder el beneficio. Lo que queremos es evitar pérdida de empleo y eso no se hace prohibiendo despidos, sino diseñando bien las ayudas", sentenció Jansen.
En esta misma línea, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, denunció este jueves que con esta restricción de los despidos para las empresas acogidas a los ERTE, el Gobierno se está "saltando" lo negociado en la Reforma Laboral dos días antes de que entre en vigor. "Tiene poco sentido, y nos lo tienen que explicar", añadió.
