"Celebramos las medidas que fomenten que haya más vivienda pública y asequible, pero también hay que preocuparse de la gestión", comienza diciendo a Vozpópuli María Montes, presidenta de la Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo que representa al parque de 350.000 viviendas públicas de alquiler social y/o asequible en manos de la Administración Pública.
Ella estuvo presente en la cumbre del sector esta semana con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la nueva Ley de vivienda. "Hay un acuerdo unánime sobre la necesidad de iniciativas que permitan incrementar el parque público de vivienda en alquiler. No podemos más que darles la bienvenida, pero luego, esas viviendas, hay que gestionarlas", subraya.
"Para hacerlo, necesitamos seguridad jurídica y recursos, más recursos para gestionar esas viviendas", añade. "(Tras la reunión) nuestra opinión no ha cambiado un ápice", incide, en relación a los cuestionamientos de los gestores de las empresas públicas a la nueva normativa aprobada por el PSOE, Unidas Podemos, EH Bildu y ERC.
La morosidad asciende al 50% de los inquilinos de vivienda pública en comunidades como Canarias, con más de 20.000 personas esperando por una vivienda social
En materia de desahucios, desde la asociación entienden que la nueva ley "aumentará la presión social sobre nuestras empresas para proporcionar vivienda pública a personas vulnerables, dificultando el paso a vivienda pública por carecer de viviendas disponibles para todos".
"Función social" y trato diferente frente a grandes tenedores privados
En este sentido, Montes recuerda la "función social" de las empresas públicas de vivienda, y reclama que las sociedades de este tipo sean excluidas del régimen aplicable a los grandes tenedores en conjunto atendiendo a la nueva legislación, sin que se pierda de vista "la necesaria gestión profesional de la vivienda pública en alquiler".
Para emprender un desahucio, la Ley de vivienda obliga a los grandes tenedores a acreditar que el inquilino está en condiciones de pagar, demostrar que ha intentado solucionar el conflicto con un acto de conciliación y buscar con la Administración alternativas habitacionales. Los jueces, tras valorar el caso, podrían por su parte suspender el procedimiento en hasta cuatro meses, por los tres que regían hasta ahora.
"El Derecho a la Vivienda es un derecho al que tenemos todos, no podemos dar prevalencia a unos frente a otros por el mero hecho de tener un lanzamiento frente al que no ocupa irregularmente o se esfuerza sobre manera para pagar la renta de alquiler o la hipoteca", aseveran desde la asociación que encabeza Montes.
"Con las medidas actuales de paralización de desahucios, así como la impopularidad de las demandas por falta de pago, se deja al gestor público incapaz de gestionar correctamente los incumplimientos graves
"Más de 100.000 viviendas públicas con alquiler social tienen una renta media de entre 70 y 80 euros al mes. En el caso de la vivienda pública en alquiler asequible, esta se encuentra en torno a 300 euros mensuales, y los inquilinos no destinan más del 30% de sus ingresos al pago de la renta y comunidad. Aún así, se producen impagos sin que las circunstancias económicas de los arrendatarios hayan empeorado", reproducen desde la AVS.
"Con las medidas actuales de paralización de desahucios (por decreto desde la pandemia), así como la impopularidad de las demandas por falta de pago, se deja al gestor público incapaz de gestionar correctamente los incumplimientos graves y continuados de los deberes y obligaciones del inquilino, principalmente el pago de la renta y la convivencia vecinal", añaden.
Montes incide en que las situaciones de impago forman parte de una minoría de casos pero que se distribuye de forma desigual según la Comunidad. En la Empresa Pública de Madrid, la tasa de morosidad era del 18,2% al cierre del ejercicio 2021 -últimos datos publicados-, mientras que en Canarias, la cifra rondaría el 50% actualmente, según publicó la Cadena Ser, con más de 20.000 personas esperando por una vivienda social.
"Estas situaciones sólo contribuyen a la desvalorización progresiva del servicio público de vivienda", dicen desde la AVS. "Se pone en riesgo la sostenibilidad del sistema, y provoca la frustración de la ciudadanía al constatar la impunidad que rodea los inquilinos que incumplen de forma reiterada con sus obligaciones, perjudicando a toda una comunidad vecinal".
