A Gobierno se le acaba de abrir otro frente importante en la batalla de los arbitrajes por la retribución de las energías renovables. Concretamente, en Estados Unidos. El pasado 28 de febrero se celebró una vista oral en la Corte del Distrito de Columbia, a raíz del litigio que mantienen NextEra y 9REN con el Reino de España. Ambas empresas denunciaron ante la Justicia estadounidense al Estado, al que reclaman 353 millones por incumplir arbitrajes desfavorables, relacionados con la polémica retirada de las primas a las renovables.
La batalla viene de lejos (el cambio en la retribución se aprobó durante el mandato de Mariano Rajoy). Y tiene focos abiertos en Reino Unido (donde ya se han embargado bienes públicos españoles) y en Australia (donde los procesos abiertos avanzan por el mismo camino). Sin embargo, en Estados Unidos aún no había tenido lugar una vista oral de este tipo. Las conclusiones del panel de jueces que llevan el caso no encierra, precisamente, buenas perspectivas para el Gobierno. Al contrario, el cuestionamiento claro que hacen del impago abre la puerta a la ejecución de embargos en suelo americano.
En concreto, España debe 290 millones a NextEra y 42 millones a 9REN. A estas cifras hay que sumar más de seis millones en concepto de intereses de demora y cerca de 15 millones por condenas en costas. La Abogacía del Estado no ha referido cuánto ha desembolsado el gobierno contratando bufetes y consultores para este caso.
“No parece discutible que España llegó a un acuerdo con los inversores, al ofrecer una serie de incentivos determinados”, aseguró la magistrada Cornelia Pillard en la vista, según la transcripción a la que ha tenido acceso Vozpópuli. La jueza -una de las tres que intervinieron en la sesión- añade que las inversiones 'verdes' de las empresas afectadas han beneficiado a España y la UE. Por ello, resulta sorprendente que ahora no se reconozcan las obligaciones de los afectados.
A continuación, la jueza recuerda que España firmó el Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE), que incluye una cláusula incondicional de arbitraje e insiste en que no se pueden eludir las responsabilidades. Asimismo, critica a la Abogacía del Estado por “retorcer” las definiciones del TCE.
Arbitrajes en el CIADI
NextEra y 9REN pretenden registrar los laudos ante los tribunales estadounidenses, lo que allana el camino a nuevos embargos de bienes y activos españoles, en el marco del derecho internacional, el Convenio del CIADI y el TCE.
“Si todos los países se niegan a cumplir con los procesos del CIADI, el CIADI colapsaría. Y si todos los países piden a la justicia de otros países que no cumplan con los procesos del CIADI. El propósito del CIADI es precisamente el de garantizar un arbitraje neutral y ausente de interferencias”, concluye la magistrada, tras recordar que el Estado español debe más de 1.550 millones de dólares a 26 inversores que han conseguido un laudo a su favor.
A esa factura hay que sumbar otros 250 millones en concepto de intereses de demora, condenas en costas o contratación de bufetes. Las sentencias en contra de España llegan por goteo desde hace años y afectan a empresas y fondos de todo el mundo. La última se conoció la pasada semana. La Corte Federal Suiza confirmó otra condena al Estado español, obligado a pagar casi 30 millones de euros a la francesa EDF.
La negativa del Estado a ejecutar los pagos ha motivado la puesta en marcha de distintos procesos de embargo. De hecho, hay bienes españoles en el extranjero bloqueados por confiscaciones cautelares. Por ejemplo, el pasado noviembre Reino Unido embargó a España 800.000 euros en cuentas bancarias por los impagos de las renovables
Davidoff
A ver si nos embargan a Pedro Sánchez, que es "el mayor bien" que tiene España.