El Tribunal Constitucional ha denegado los recursos de amparo presentados por Argentina, y también por la petrolera del país, YPF, en los que solicitaban suspender el desarrollo del concurso de acreedores de las sociedades españolas Petersen Energía y Petersen Energía Inversora.
Se paraliza así la última oportunidad que tenía Argentina de tumbar las reclamaciones que en Estados Unidos se han presentado contra la expropiación de YPF a Repsol, y que posiblemente se convierta, en 2022, en uno de los litigios del año, con hasta 10.500 millones de euros en juego.
A través de las sociedades españolas concursadas, los banqueros argentinos Eskenazi adquirieron a Repsol, entre los años 2008 y 2011, un 25% de YPF.
Repsol acordó con Argentina percibir una indemnización de 5.000 millones por la expropiación de YPF
Las firmas españolas de la familia argentina se declararon en concurso de acreedores cuando se expropió YPF a Repsol, en el año 2012. La multinacional española logró una indemnización de 5.000 millones de euros por su participación en el capital de la petrolera argentina, pero en ese acuerdo se dejó de lado a las sociedades de la familia Eskenazi.
El administrador concursal designado en España por el Juzgado Mercantil número 3 de Madrid, Armando Betancor, en el proceso de liquidación de Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, promovió la presentación de una demanda en Nueva York contra Argentina e YPF, en abril de 2015, para reclamar, al igual que Repsol, una indemnización.
Al ser YPF una compañía cotizada en Estados Unidos, la demanda tenía que presentarse en aquel país, y la administración concursal de las sociedades de los Eskenazi logró que Burford Capital, el mayor fondo del mundo en la financiación de litigios, financiara el proceso judicial en Estados Unidos.
El Tribunal Constitucional denegó recurso de amparo a YPF el pasado mes de marzo, y en abril a Argentina
Argentina e YPF han tratado de tumbar la demanda sosteniendo que la cesión del litigio al fondo estadounidense "enmascara una cesión de crédito litigioso". Pero hasta ahora tanto el juzgado mercantil, como el juzgado de primera instancia, y también la Audiencia Provincial de Madrid, han rechazado sus reclamaciones, por lo que ya solo les quedaba el amparo del Constitucional.
Sin embargo, como informa YPF en la presentación de sus últimos resultados trimestrales, el pasado 17 de marzo de 2021 el Tribunal Constitucional denegó el recurso de amparo constitucional interpuesto por la compañía el 3 de septiembre de 2020.
La petrolera añade que el pasado día 12 de abril de 2021 Argentina presentó también recurso de amparo constitucional, pero que este también ha sido denegado. YPF "continuará reevaluando el caso y su impacto en los resultados y en la situación financiera", dice la compañía en la presentación de sus últimos resultados, y añade que se "defenderá de conformidad con los procedimientos legales aplicables".
En el caso han participado algunos de los despachos y abogados más relevantes del panorama judicial español. Garrigues asesora a Petersen, Allen & Overy está con Burford, Uría Menéndez lleva a Repsol y el decano José María Alonso asesora a Argentina e YPF junto a Fernando Bautista, exsocio de Freshfields.
El fondo estadounidense Buford calcula que la reclamación a YPF por la expropiación a los Eskenazi supera los 9.000 millones de dólares tomando como referencia el valor de las acciones de la petrolera en el momento en el que Argentina comunicó su intención de expropiar las acciones a Repsol.
