España tiene un problema con los arbitrajes por el ‘hachazo’ a las renovables. Aunque desde el Gobierno español están convencidos que no va a pagar ni un solo euro de las más de 51 demandas de 9.500 millones que han interpuesto en la última década los inversores afectados. Los expertos en esta materia y los afectados ponen esta semana el foco en el Tribunal Superior de Londres, donde los representantes jurídicos del Reino de España se defienden del ‘caso Antin’.
La Abogacía del Estado con el bufete internacional Simmons & Simmons, a los que contrató hace un año para este caso por 540.000 euros, pretende anular la orden judicial para que pague 120 millones. Una demanda que ganaron los inversores en energías renovables Infrastructure Services Luxembourg S.A.R.L y Energia Termsolar B.V, titulares del laudo Antin y que en su caso están defendidos por el bufete de abogados Kobre & Kim.
El caso parte de una inversión en Granada en 2011. Estas empresas apostaron por la instalación solar Andasol situada en la provincia andaluza tras el anuncio por parte de España de incentivos para los inversores en renovables. Unos incentivos que el Gobierno español suprimió retrospectivamente entre 2012 y 2014.
Tras prosperar la demanda acogiéndose a la protección del Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE) interpuesta ante la institución de arbitraje del Banco Mundial, el CIADI, el Reino de España fue condenado a pagar 101 millones de euros más intereses, que actualmente se eleva hasta los 120 millones de euros.
"Inmunidad soberana"
España y sus asesores jurídicos pretenden en una audiencia que dura cuatro días, que arrancó este miércoles, que la justicia británica anule la orden obtenida que registró el laudo de CIADI como sentencia, alegando inmunidad soberana. Si España fracasa, el resto de las reclamaciones y deudas pendientes del país tomarán el ‘caso Antin’ como referencia.
La supresión retroactiva del régimen de incentivos a los inversores en renovables ha dado lugar a la reclamación de más de 9.500 millones de dólares en más de 51 demandas de arbitraje interpuestas por inversores en virtud del TCE.
Los inversores defienden que la negativa de España a pagar los laudos arbitrales definitivos y vinculantes está en contra del derecho internacional. Como informaba Vozpópuli, España es el segundo país, después de Venezuela, con más deudas de arbitraje impagadas. Los asesores jurídicos de España están convencidos que la legislación europea les protege del pago de estas demandas.
Otros frentes en EEUU y Australia
Estos inversores no sólo buscan arrinconar a España en Reino Unidos. Los titulares de los laudos Antin también han iniciado procedimientos judiciales de ejecución en los Estados Unidos y Australia, con acciones similares para embargar bienes del Gobierno español con el fin de recuperar las deudas impagadas.
"El planteamiento de España y la UE, incluidos los argumentos que defenderán durante esta audiencia, siguen socavando el régimen de protección de las inversiones establecido desde hace tiempo por el Tratado sobre la Carta de la Energía y el Convenio del CIADI”, explica Nick Cherryman, socio del bufete de abogados Kobre & Kim que lleva el caso.
“Se ha dictado un laudo arbitral a favor de mis clientes, que ha sido registrado por los tribunales del Reino Unido, ordenando a España que les pague 120 millones de euros más intereses. España está obligada a saldar esta deuda", añade el abogado que defiende a los inversores.
Este despacho está convencido de que la negativa de España a acatar las demandas pondrá en un riesgo para su posición financiera internacional y a su calificación crediticia. Incluso, alertan antes de iniciarse la defensa que este escenario podría desencadenar cláusulas de incumplimiento cruzado en los instrumentos de deuda internacional de España.
