España sortea el reglamento de los fondos UE para ejecutar 80.000 millones fuera de plazo

Casi la mitad de los fondos europeos que España espera recibir desde Europa bajo el mecanismo Next Generation EU se asignarán a través de intermediarios financieros para sortear el plazo límite de ejecución: 2026. La Comisión Europea había advertido de que está fijado en el reglamento y su modificación se antoja prácticamente imposible, por lo que sugirió a los Estados miembros con más fondos asignados y retrasados en la ejecución que utilizaran esta vía para no perder el dinero llegado el momento.

En un encuentro con los eurodiputados de las comisiones de Presupuestos y Asuntos Económicos, el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, aseguró que "la Comisión seguirá apoyando a los Estados miembros para optimizar el uso de los recursos" y, en este sentido, sugirió la transferencia de fondos a instrumentos financieros que puedan seguir funcionando después de que acabe el ciclo del instrumento".

España ha seguido el consejo y lo hará fundamentalmente con el dinero que tiene pendiente pedir prestado a un menor interés a partir de 2024, pero también con lo que está llegando ya en forma de subvenciones no reembolsables. Hasta ahora se han recibido 37.000 millones a fondo perdido, de un total de 80.000 millones. También se pueden solicitar otros 83.000 millones en préstamos 'blandos' hasta 2026, año en que deberían estar ejecutados todos los proyectos.

El plazo límite es 2026, pero si el Gobierno canaliza la financiación a través de intermediarios financieros, se podrá ejecutar el proyecto más tarde

Según se desprende de la Adenda al Plan de Recuperación inicial que ya ha aprobado Bruselas, pretende canalizar parte del dinero no rembolsable, 3.580 millones, a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), la Empresa Nacional de Innovación (ENISA) y la Fundación Biodiversidad.

Además, de los 83.000 millones en forma de préstamos, 76.065 millones serán gestionados por ENISA, el Banco Europeo de Inversiones (BEI), la empresa pública SEPI Desarrollo Empresarial (SEPIDES), la Compañía Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES), el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y Axis, despejando así el camino del límite temporal y pudiendo ejecutar los proyectos más allá de 2026.

"El importe de las subvenciones para las que existirá la posibilidad de que los proyectos a los que se apliquen no tengan que estar ejecutados en 2026 es muy limitada, dentro del conjunto de subvenciones del PRTR, aunque su aplicación a programas estratégicos como el de hidrógeno verde hace que esta novedad de la Adenda sea relevante. En el caso de los préstamos, la mayoría de los fondos reembolsables (más del 80%) será concedida a proyectos cuyo plazo de ejecución final puede llegar más allá de 2026", explican desde Llorente y Cuenca (LLYC).

"Digamos que el momento de aplicar la terminación no es la finalización de los proyectos sino la asignación de la financiación. Los fondos no se tienen que quedar en la cuenta del Tesoro", comentó el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García Andrés, este martes en un evento organizado por la consultora.

Esta ampliación 'indirecta' del plazo de ejecución afectaría a varios de los instrumentos diseñados para canalizar los préstamos (el Fondo Emprendedores y Pymes de ENISA, el Fondo Seguridad y Resiliencia de SEPIDES, la Línea ICO Verde, la Línea ICO Empresas y Emprendedores, el fondo Next Tech de ICO y Axis, el Fondo de Coinversión de COFIDES, y el Fondo de Resiliencia Regional del BEI).

También se beneficiarán de esta extensión de plazo más allá de 2026 los grandes proyectos estratégicos (PERTEs de Economía Circular, Hidrógeno Verde, Cadena de Valor, Vehículo Eléctrico, Descarbonización y Agro) por un total de 3.580 millones en subvenciones y otros 2.250 millones en préstamos, tal y como informa Llorente y Cuenca.

Asimismo, estaría afectada la línea de préstamos de 4.000 millones de euros para promover hasta 43.000 viviendas en alquiler asequible. Esta fue una de las grandes promesas del Gobierno en funciones durante la campaña de las elecciones generales. Ofrecerá financiación para incrementar y mejorar el parque de vivienda social, o al menos económica, en alquiler.

La ejecución de los fondos UE

Esta medida se adopta ante las dificultades evidentes en la ejecución de los fondos europeos. El secretario de Estado de Economía informó el martes de que "los datos públicos apuntan a una adjudicación de 30.000 millones de euros", sin embargo, el Ministerio de Hacienda no detalla desde 2021 cuánto de eso ha llegado a la economía y se puede asumir como realmente ejecutado.

La Comisión Europea actualizó el pasado mes de mayo el desglose por países del gasto financiado con fondos europeos, un indicador que según los expertos se asemejaría más al dinero que se ha desembolsado y ha llegado realmente a la economía. En España fue del 0,2% del PIB en 2021 y del 0,4% del PIB en 2022, lo que se traduce en unos 8.000 millones de euros en total.

No obstante, el beneficiario de ese dinero puede no ser el sector privado. De hecho, según los datos que maneja la Comisión Europea, sólo un 6% del tejido productivo español se ha beneficiado de este mecanismo, lo que equivale a unas 200.000 compañías de un total de 3,4 millones que hay en nuestro país.

El propio Gobierno ha informado también de que alrededor de un 54% de los fondos UE que se resuelven se quedan en las AAPP. Es decir, que el beneficiario final es una entidad local (24%), una comunidad autónoma (11%), un centro de I+D+i (9% para universidades, centros educativos, tecnológicos y de investigación, etc.), u otras entidades y organismos públicos (9%).

Luego el organismo público puede contratar a una empresa para que ejecute el proyecto. Sin embargo, Bruselas ha advertido de que los beneficiarios finales son los organismos que reciben los fondos, no los contratistas. En este sentido, es posible que en la lista de los 100 mayores beneficiarios que el Gobierno tiene pendiente publicar figuren, en su mayoría, ministerios y empresas públicas.

En cuanto al impacto promedio de los Next Generation EU, el Gobierno asume que será de tres puntos de PIB al año. Es decir, sin los fondos europeos el nivel de PIB sería tres puntos inferior, aunque organismos económicos como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estiman un impacto inferior, del 1,1% de PIB en 2023 y de 1,9% en 2024.