La Eurocámara abre una puerta a suavizar las reformas exigidas a España en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia tras el varapalo de la crisis energética. Una enmienda introducida por la eurodiputada Eider Gardiazabal (PSOE) en el texto que regula el plan RepowerEU (que prevé destinar 20.000 millones adicionales para acelerar la transición climática y reducir la dependencia de Rusia) elimina la prohibición de modificar las reformas comprometidas con Bruselas desde hace un año bajo el paraguas de lo fondos Next Generation EU.

A España le corresponderían unos 2.600 millones de estos nuevos recursos, que forman parte del plan RepowerEU que la Comisión Europea presentó tras el inicio de la guerra rusa en Ucrania y que exige a los Estados miembros que actualicen sus planes de recuperación con nuevos capítulos con iniciativas climáticas. Inicialmente, el plan de Bruselas era permitir a los países reformular inversiones ante el impacto de la guerra y la inflación, pero no permitir cambios en las reformas, tal y como informó Vozpópuli, con la de la pensiones y la fiscal en disputa.

La propuesta salió de la Comisión Europea (la única que tiene capacidad legislativa) hace unas semanas. Fue entonces cuando la eurodiputada Eider Gardiazabal (PSOE) introdujo una enmienda en el texto original que permite modificar también las reformas comprometidas en el Plan de Recuperación. El texto con la enmienda introducida ha llegado este jueves al Parlamento para que los partidos lo revisaran y dieran su aprobación.

El texto ha saludo adelante este jueves en el Parlamento Europeo con 471 votos a favor, 90 en contra y 53 abstenciones. Eva Poptcheva, eurodiputada de Ciudadanos y portavoz de Economía, ha denunciado que la enmienda "elimina una frase crucial" y "se abre la puerta a que los Gobiernos esquiven sus compromisos, en el caso español y entre otras, la reforma de las pensiones".

Cs ha denunciado que los socialistas hayan contado para ello con el apoyo de Vox. El grupo liberal Renew Europe, al que pertenece Ciudadanos, ha sido el único que en bloque ha rechazado este cambio. “Los socialistas, los populares (salvo la delegación española) y Vox han estado a favor. Esto nos demuestra que muchas veces se hacen unos discursos que luego no se ajustan al votar”, ha censurado Poptcheva.

La eurodiputada ha considerado “muy preocupante" que los Gobiernos "puedan usar la crisis energética para desviarse, modificar o directamente cargarse reformas que se les exigen hace décadas”. “Cuando entre en vigor este instrumento RepowerEU, el Gobierno podrá decirle a la Comisión que las circunstancias han cambiado por la crisis energética y que quiere modificar las reformas a las que ya nos habíamos comprometido”, ha concluido. 

Ahora pasará al Consejo Europeo, donde los Estados deben echar el último vistazo para su entrada en vigor. Para que entre en vigor esta normativa, la Eurocámara y los Estados miembros tienen que lograr un acuerdo y el objetivo de los eurodiputados es conseguirlo "para finales de año", según ha comentado en declaraciones a EFE el eurodiputado del Partido Popular Europeo (PPE) Siegfried Muresan. "Empezaremos los trílogos (las negociaciones a tres bandas) la próxima semana. Las divergencias y diferencias con los Estados miembros no son grandes esta vez", ha enfatizado.

Reforma fiscal y de pensiones

Esta decisión afecta sobre todo a la reforma fiscal que prometió Sánchez a Bruselas, en la que prevé una subida notable de impuestos medioambientales. La reforma resultaba problemática para el Gobierno ya antes de la guerra por la elevada inflación y el alza de precios de la energía. Y porque está previsto que entre en vigor coincidiendo con las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2023 y poco antes de las generales de diciembre.

La presentación del informe de los expertos que ha designado el Ministerio de Hacienda se produjo poco después de que empezara la guerra y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se apresuró a decir que las subidas de impuestos que recomiendan no se iban a acometer en el corto y medio plazo. Las principales peticiones de los expertos son una subida de impuestos verdes de hasta 15.000 millones y de Sucesiones y Patrimonio para obligar a la Comunidad de Madrid a subirlos.

Esto también afecta a otras reformas, como la de las pensiones. El Gobierno debe ofrecer un mecanismo que haga sostenible el sistema, el denominado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que el Gobierno ha aprobado y que ha sido cuestionado por Banco de España y por la propia Comisión Europea, pero que no se analizará hasta dentro de un año, en la antesala de las elecciones. Este mecanismo debe hacer sostenible la reforma de las pensiones que liga su revalorización al IPC.

El MEI consiste en una subida de las cotizaciones sociales de 0,6 puntos desde enero de 2023 y durante diez años  para nutrir este Fondo de Reserva (también conocido como 'hucha de las pensiones', prácticamente vacía tras años financiando prestaciones por desempleo y políticas activas de empleo con el superávit acumulado en la Seguridad Social hasta 2011). En un principio, el Gobierno esperaba recaudar cerca de 50.000 millones de euros con este sistema, cuantía que Escrivá redujo a 42.000 millones en noviembre de 2021 y Sánchez dejó en 30.000 millones a finales de enero.

La elevación de las bases máximas de cotización, que irá asociada a un destope de la pensión máxima, es otra de las medidas contempladas en el Plan de Recuperación remitido a Bruselas y forma parte de lo que se ha venido en llamar la segunda pata de la reforma de pensiones, actualmente en discusión con los agentes sociales. En la documentación que el Ejecutivo envió a la Comisión Europea, el Gobierno se proponía aprobar la elevación gradual de la base máxima de cotización, acompasada de una adaptación a la misma de la pensión máxima, antes de finalizar este año, aunque su implementación abarcaría las próximas tres décadas.

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