Utilizar la velocidad sigue siendo una de las formas más sencillas de aumentar la recaudación con la mínima inversión. No en vano, las cifras que cada año ingresa la DGT, que luego transfiere al Estado, se mueven en el orden de los 200 millones de euros, una cuantía que con medidas como las recién aprobadas de rebajar en ciudad a 20 o 30 km/h la velocidad máxima podría disparar este año la recaudación. Porque mantener esas mínimas velocidades en ciudad es realmente complicado desde el punto de vista técnico, pero también desde la perspectiva humana, y no sobrepasar esa velocidad requiere un esfuerzo mental notable.
Ahora la Fiscalía de Seguridad Vial da una vuelta de tuerca más y ha enviado un oficio a las policías de tráfico para que potencien el funcionamiento de los radares de velocidad en el ámbito urbano con el objetivo de implantar el límite de velocidad de 30 km/h en las calles de un único sentido de circulación. Además, pide aumentar los controles de alcoholemia y la persecución penal de la conducción bajo los efectos del alcohol en todas las vías, es decir, que se levanten más atestados.
Lo ha anunciado en rueda de prensa el fiscal de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, quien ha informado también de que está trabajando en una "estrategia sancionadora" dirigida al uso de aplicaciones (apps) para detectar los controles, especialmente los de alcoholemia y drogas. Vargas ha justificado su propuesta en que los índices de siniestralidad son superiores a los flujos de tráfico y ha recordado que el 30% de los accidentes de circulación se deben a un exceso de velocidad y el 25% a la ingesta de alcohol.
El pasado 11 de mayo entró en vigor la limitación de la velocidad a 30 km/h en las vías de un único sentido de circulación, que afectará a entre un 60 y un 70% de las calles de España, y tiene como objetivo hacer ciudades más seguras. Así se contempla en la modificación del Reglamento de Circulación, que establece, además, un límite de velocidad en núcleos urbanos de 20 km/h en vías que dispongan de plataforma única de calzada y acera y 50 km/h en las de dos o más carriles por sentido.
El fiscal ha recordado que la limitación a 30 km/h no es una "ocurrencia de España" sino una propuesta internacional que está unida a un modelo de ciudad en el que puedan convivir coches, ciclistas y peatones. Ha subrayado que esta medida no va a ser posible implementarla si no se aumentan los controles mediante radar, especialmente los móviles, y espera que los ayuntamientos lo vayan haciendo progresivamente.
Efecto de educación, no de recaudación
A su juicio, además de la necesaria concienciación, es "indispensable" el aumento de los controles de velocidad, acompañado de la imposición de sanciones administrativas, ya que éstas tienen un efecto de educación y prevención. A partir de ahora, las policías urbanas deberán informar mensualmente a los fiscales delegados del número de controles que se desplieguen en el territorio en el que ejerzan sus competencias, a fin de que el Ministerio Fiscal pueda exponer las sanciones oportunas.
Cada año se dictan unas 1.000 condenas por exceso de velocidad punible y alrededor de 50.000 por consumo de alcohol al volante y a pesar de ello se sigue conduciendo después de haber bebido, razón por la cual la Fiscalía pide que se aumente la persecución penal en el delito de conducción bajo la influencia del alcohol.
El fiscal de Seguridad Vial ha insistido en que es "indispensable" aumentar el número de controles de velocidad y de alcohol y ha rechazado que sean por motivos recaudatorios, sino "protectores de los buenos conductores". En materia de alcoholemia, ha especificado Vargas, se trata de que se sea exigente, mediante más inspección y más respuesta penal, ya que "un control de alcoholemia salva vidas".
Lo que pretende la Fiscalía es que se levanten más atestados no solo cuando se supere la tasa de 0,6 miligramos de alcohol por litro espirado, que es lo que la ley obliga, sino también cuando se dé una tasa menor (entre 0,6 y 0,4) en los casos en que haya una conducción anómala. "El fiscal no quiere que haya más condenas sino que se cumpla la ley", ha asegurado.
En el oficio, pide también a las policía locales información sobre las apps que perturban el funcionamiento de los controles de velocidad y alcoholemia, especialmente éstos últimos, ya que los detectan y evitan que los conductores sean sometidos a los test. Vargas ha señalado que estas aplicaciones son muy beneficiosas para los ciudadanos y los conductores pero a veces no se utilizan "debidamente".
Wik
Tienen una mina de oro porque en España se conduce rematadamente mal Me parece bien, muchos millones de condenas hacen falta para que se conduzca correctamente y con educación.
xaxonem
Y todo esto lo deciden los que van en coches oficiales... Pues terminarán por reducir también la producción automovilista, la industria petrolera(y su más de un 50% de impuestos) y la de servicios del ramo. A este paso las calles se van a llenar de jabalís. Y de lobos.
Alejandro
Estoy hasta los c.... De que todas las medidas prohibicionistas sean por nuestro bien. ¡Prohíban los impuestos! Eso sí sería por nuestro bien, aunque no para los millones de pesebreros que parasitan nuestro trabajo y esfuerzo. Siento profundo asco.
Incandescente
Jajajaja Scott Ritter Ridley Scott les un director de cine., de todas maneras (es una broma), yo sin saber si es cierto o no tampoco pondria a S Ritter como una referencia, le gustan mucho las películas, tanto como al director..
jopano25
La fuente es Pepe Escobar, suele estar muy bien informado, es fiable. Ridley Scott lo ve imposible. La operación tiene su lógica, los EEUU no dejando a Israel subir el tono de la venganza....