El Ministerio de Fomento, a través de la empresa pública SEITTSA, asume desde esta medianoche la gestión de la autopista de peaje AP-41 entre Madrid y Toledo, la única de las que se vieron abocadas a la quiebra que no había pasado aún a manos del Estado.
Con esta decisión, el Ministerio de Fomento gestiona ya las autopistas de peaje R-2, R-3, R-5, R-4, M-12 Eje Aeropuerto, AP-7 Cartagena Vera, la Circunvalación de Alicante y la AP-41 después de la liquidación de las sociedades concesionarias que las explotaban con anterioridad.
Este mismo jueves, Fomento y la Administración concursal firmaron el acta de entrega a Seittsa de la concesión administrativa para la construcción, conservación y explotación de la autopista de peaje Madrid-Toledo y la autovía libre de peaje A-40 de Castilla La Mancha, tramo Circunvalación Norte de Toledo.
Según ha indicado el departamento que dirige José Luis Ábalos la reversión de esta autopista al Estado se hará en las mismas condiciones que hasta ahora en lo que se refiere al régimen tarifario.
No obstante, las nuevas tarifas aprobadas para las autopistas de peaje quebradas, que suponen una rebaja media de aproximadamente el 30 %, comenzarán a aplicarse en la vía tan pronto como sea posible y una vez que se modifiquen los sistemas de gestión del cobro de peajes para adaptarlos a las nuevas tarifas.
El contrato para determinar la concesión de la AP-41, la primera en acogerse al concurso de acreedores y la última en entrar en la liquidación, fue acordada por el Consejo de Ministros el pasado 8 de febrero.
Una vez resueltos los contratos se abre el plazo para calcular la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) asociada a esta vía.
Según el plan presupuestario de 2019 enviado por el Gobierno a Bruselas en octubre, el Ejecutivo ha decidido mantener en 1.800 millones de euros el importe previsto para RPA.
El Gobierno de Mariano Rajoy tenía previsto relicitar las autopistas quebradas este año y adjudicarlas en dos lotes, uno en el que se incluirían las carreteras del entorno de Madrid y otro para el corredor del levante. Con esta operación, esperaba obtener entre 700 y 1.000 millones de euros de ingresos.
Tras el cambio de Gobierno, el Ministerio de Fomento ha aplazado a 2019 la relicitación de estas autopistas. Lo que no se ha decidido de momento Fomento es si se hará en dos bloques, tal y como estaba inicialmente planteado, y a cuánto podría ascender la cantidad a ingresar por el Estado con este proceso.
La Ley de Contratos del Sector Público prevé que, en el caso de que una concesión de obra pública inicie la fase de liquidación en un concurso de acreedores, exista la obligación legal de resolver el contrato de concesión y que la infraestructura revierta a la administración concedente.
