El Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ha quedado clausurado el 30 de junio tras aprobar 30 operaciones por un importe de 3.255,8 millones de euros, ha informado el holding público en un comunicado.
El fondo fue creado por el Gobierno como una herramienta para reactivar la economía post-Covid y mantener el empleo y contaba con una dotación de 10.000 millones de euros, de la que finalmente se ha gastado un 32,5%. El importe de 3.255,8 millones de euros destinado a las 30 operaciones que han recibido el visto bueno representa el 60% del importe solicitado.
Desde su creación en julio de 2020, el fondo ha recibido 73 solicitudes por un importe total de 5.392,7 millones de ellos. De ellas, más de la mitad procedieron del sector turístico (37), por un importe de 2.668 millones de euros; un 34% del sector industrial (25), por importe de 2.253 millones, y un 15% del sector servicios (11), por importe de 472 millones de euros. Del total de solicitudes presentadas, 43 no son elegibles por una cuantía de 2.136,9 millones de euros.
Las empresas que han accedido al 'rescate' público han sido Air Europa, Ávoris Corporación Empresarial, Plus Ultra Líneas Aéreas, Duro Felguera, Tubos Reunidos, Rugui Steel, Hotusa, Grupo Airtificial, Grupo Serhs, Reinosa Forgings & Castings, Grupo Losán, Grupo Soho Boutique Hoteles, Grupo Abades, Técnicas Reunidas, Grupo Wamos, Eurodivisas, Grupo Ferroatlántica, Grupo Inversor Hesperia (GIHSA), Grupo Abba, Grupo Julià, Grupo Mediterránea, Air Nostrum, Volotea, Vicinay, Celsa España, Isastur, Vivanta, Imasa, Meeting Point, y Blue Sea.
La plantilla a 2019 de las 30 compañías beneficiarias del fondo ascendía a 61.924 empleos, mientras que su facturación total alcanzaba los 20.248 millones de euros.
Entre los principales motivos de incumplimiento de los criterios para recibir el fondo figuran el de la cuantía mínima solicitada, que se estableció en 25 millones de euros, lo que ha hecho que varios solicitantes hayan acudido a otros instrumentos de apoyo financiero más adecuados al tamaño de las empresas; así como que la financiación de operaciones con cargo al fondo se configura como una intervención de último recurso, lo que hace que las empresas que han logrado soluciones alternativas, como entrada de inversores, no sean elegibles.
Asimismo, las empresas que estaban en dificultades antes de la situación Covid tampoco eran consideradas adecuadas a las condiciones del fondo. Los importes solicitados van desde los 25 millones de euros (importe mínimo) hasta los 550 millones de la mayor solicitud (Celsa), si bien la mayoría de los expedientes han sido resueltos con un importe inferior a los 50 millones, pues las empresas solicitantes han sido en su mayoría de tamaño medio, según detalla SEPI.
Así, el importe medio solicitado se sitúa en los 74 millones. Esto es debido a que las compañías de otros sectores o de un tamaño mayor se han visto menos afectadas por la pandemia o han podido cubrir sus necesidades financieras por otras vías.
Este fondo gestionado por SEPI se encuadra en el marco temporal establecido por la Comisión Europa para afrontar la crisis ocasionada por la covid-19, pero son fondos nacionales, por lo que las cantidades no aprobadas no se pierden.
Procedimiento administrativo
En su procedimiento administrativo, el expediente se inicia necesariamente a raíz de una solicitud de la empresa, que debe aportar la justificación de los distintos requisitos de elegibilidad que recoge el Acuerdo de Consejo de Ministros de julio de 2020.
El procedimiento que se tramita tiene por objeto verificar el efectivo cumplimiento de dichos requisitos de elegibilidad. En el proceso de análisis, donde intervienen profesionales de SEPI y asesores externos, se establece de forma rigurosa el cumplimiento de los criterios y requisitos de elegibilidad exigidos en la normativa creadora del fondo.
Además, se analiza la situación pre-Covid de la empresa, el impacto de la pandemia, la necesidad y proporcionalidad del apoyo público temporal, la suficiencia de las medidas planteadas en el plan de viabilidad propuesto por la empresa, es decir, la viabilidad de la empresa, todo ello con objeto de garantizar el reembolso futuro de las ayudas.
