El Gobierno se resistió hasta el último momento pero la presión del eurogrupo pudo más. Luis de Guindos intentó retrasar al menos 15 días el anuncio político de pedir ayudas a la banca. Pero cuando el presidente del eurogrupo, Jean-Claude Juncker, convocó la videoconferencia de los ministros de finanzas el Ejecutivo supo que ya no había alternativas. De hecho, la videoconferencia que convocó Jean Claude-Juncker no dejó opciones abiertas. Juncker abrió con una frase que abocaba al rescate inmediato: “Es necesaria una solución rápida”, dijo ante los 17 ministros de finanzas del euro y en una conversación que tuvo un tono “caliente”, según fuentes comunitarias.
"Es necesaria una solución rápida" dijo en videoconferencia Jean-Claude Juncker
A partir de las cuatro de la tarde, la conversación sólo giró en torno a la cuantía disponible y las condiciones que deberían acompañar a esos fondos. Holanda fue quien más oposición puso durante ese encuentro de los 17 a una fórmula que los funcionarios europeos describían como de “rescate light”. Dos horas y media después, a las siete y media de la tarde del 9 de junio, España había sido rescatada.
El argumento del eurogrupo ha sido el de crear un “cortafuegos” para que las elecciones del próximo domingo en Grecia no desestabilicen a España y, por contagio, a Italia, según revelan fuentes comunitarias. Por ello se ha optado por un rescate que suma hasta 100.000 millones a los 498.000 que la Unión tiene ya comprometidos con Grecia, Irlanda y Portugal. “Ahora Chipre podría aumentar esa factura”, añaden las mismas fuentes.
Los términos del acuerdo
El ministro Luis de Guindos justifica la petición de ayuda “en la actual situación de incertidumbre de la zona euro” con el argumento de que continúan en la senda de la reforma financiera ya iniciada. Incluso defendió la inyección de los 100.000 millones sin esperar a las dos auditorías pendientes asegurando que “las necesidades adicionales de capital son manejables teniendo en cuenta el importante esfuerzo ya realizado para cumplir con los requisitos de saneamiento y capitalización”.
Los términos del acuerdo se resumen en tres líneas:
- La cantidad solicitada será suficiente más un margen de seguridad significativo. Los hasta 100.000 millones de euros que el EFSF o el ESM pondrá a disposición del Gobierno no se demandarán en su totalidad, aseguran fuentes del Ejecutivo.
- La condicionalidad –según se ha acordado con el eurogrupo—será sólo específica para el sector financiero. Fuentes comunitarias aseguran que esa condicionalidad limitada ha provocado malestar entre delegaciones como la irlandesa que recuerda que su gobierno fue sometido a “austeridad macroeconómica” a cambio de un rescate bancario similar al español.
- El FROB actuará como agente intermediario del Gobierno y será el receptor final de los fondos que podrían estar disponibles a finales de julio o primeros de agosto.
La incertidumbre sigue en algunos aspectos
Sin embargo, hay varias cuestiones que el Ejecutivo todavía no ha respondido. El Gobierno aseguró ayer que hay tiempo para contestarlas porque “lo único que se ha hecho es una declaración de voluntad política”, dijo De Guindos. Queda por contestar:
- Los plazos de la ayuda: En el caso irlandés, también sometido al rescate de su sistema financiero, la línea de crédito se abrió durante tres años y el repago se exige a los 15. Ésa es, previsiblemente, la fórmula que se usará con España.
- Los tipos de interés que se cobrarán: El Gobierno ha hablado de "condiciones ventajosas" pero no ha concretado qué tipos de interés cobrará la UE por prestar dinero a España. La cuantía es doblemente importante, no sólo porque implica cuánto tendremos que devolver sino, sobre todo, porque los intereses sí computan como déficit público, luego un mayor interés obligará a mayores recortes y austeridad, algo que el Ejecutivo no admite oficialmente.
- El vehículo que se utilizará: Todavía no se ha determinado si será el EFSF o el ESM el vehículo que canalizará las ayudas. La elección es clave porque uno y otro colocan a la Unión Europea como primer o último acreedor del Gobierno. Eso supone ponerla por delante de todos los tenedores de deuda pública española y podría castigar al Tesoro.
- La condicionalidad de la banca: Los bancos serán los únicos afectados por las condiciones de la Unión. Sin embargo, no se ha aclarado todavía si –como todo apunta—deberán recortar sucursales, despedir personal y relevar a sus equipos directivos por orden del BCE y el FMI.
El FMI controlará la evolución de la banca española
Lo que sí es evidente es que los términos del acuerdo político que deberán plasmarse en lo que Bruselas denomina un Memorandum of Understanding (MoU) concederán poderes adicionales a los organismos internacionales. El FROB pasa a estar controlado, de facto, por el BCE –que tendrá derecho de veto sobre sus actuaciones—y el FMI tendrá nuevos poderes supervisores sobre el sistema financiero español. De hecho, el comunicado del Eurogrupo afirma literalmente que “se invita al FMI a apoyar en la aplicación e inspección de la asistencia financiera mediante la elaboración de informes periódicos regulares”.
