La escalada de la inflación le abre un nuevo frente al Gobierno: los salarios de los funcionarios. Los sindicatos reclaman subidas superiores al 2% impuesto en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 ante la pérdida de poder adquisitivo que los empleados públicos acumulan. El Ministerio de Hacienda se ha cerrado, de momento, a iniciar una negociación y pretende abordar este asunto en los próximos Presupuestos, mientras los representantes de los trabajadores amenazan con un 'otoño caliente' de manifestaciones si este diálogo no se produce en el corto plazo.
Lo sindicatos consideran insuficiente la subida del 2% acordada por el Gobierno para este año con una inflación que alcanza ya el 8,7% y la subyacente, el 4,9%. En este sentido, reclaman un aumento salarial de al menos el 4,5% este año con efectos retroactivos a 1 de enero, el doble de lo previsto; y del 3,5% en 2023 más una cláusula de revisión conforme al IPC en la modalidad que se pactara con el Ejecutivo, explica a Vozpópuli Humberto Muñoz, portavoz del Área Pública de CCOO. En total, una subida de en torno a un 8% en dos años.
Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) también consideran insuficiente la subida prevista por el Gobierno para este año y el próximo y aseguran que los funcionarios acumulan una pérdida de poder adquisitivo del 20% desde 2010, cuando se les rebajó el sueldo. Fuentes del sindicato aseguran que la revalorización salarial debería renegociarse por encima del 2% y, como apuntaba CCOO, con efectos desde este mismo año.
Este mismo miércoles, CSIF y Jusapol, plataforma que agrupa a los sindicatos mayoritarios de Policía y Guardia Civil, han celebrado concentraciones en toda España para que el Gobierno inicie "de inmediato" las negociaciones para la subida salarial de los empleados públicos una vez que el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado las normas de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023..
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, retaba este mismo miércoles al Gobierno a comunicar ya cuál va a ser el alza salarial de los funcionarios y que no lo deje para finales de año mientras se 'entromete' en el pacto de rentas del sector privado. En este sentido, ha ironizado con que la cifra que acuerde el Gobierno debe ser la referencia para el resto y, en este sentido, debería comunicarla cuanto antes.
Junto a la subida de los salarios, los sindicatos también reivindica la supresión de la tasa de reposición, la estabilización de plazas, mejoras en las condiciones de jubilación, la corrección de desigualdades retributivas entre administraciones, la recuperación de la jornada de 35 horas, la actualización de las indemnizaciones por razón del servicio, y la mejora en la atención sanitaria de las mutuas de funcionarios, entre otros asuntos.
La línea roja: las pensiones
Mientras el Gobierno pide contención salarial para los empleados públicos y privados, marca una línea roja: las pensiones. Este es el único campo en que el Ejecutivo preserva la vinculación, que en 2022 ha supuesto un alza del 2,5%, el IPC medio comprendido entre diciembre de 2020 y noviembre de 2021 y del 3% para las mínimas y no contributivas.
A pesar de que la mayor parte de los organismos económicos se han mostrado en contra de esta medida, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, asegura que la revalorización de las pensiones en 2023 conforme al IPC medio es "indiscutible". De acuerdo con las previsiones actuales de inflación, que podría aproximarse al 7%, la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) calcula que la medida elevará el gasto público en cerca de 11.500 millones.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y hasta la propia Comisión Europea, que debe dar su visto bueno como reforma clave a la que está condicionada el envío de fondos europeos, han alertado del riesgo que supone para las cuentas públicas. Por su parte, el Banco de España (y de otros organismos como BBVA Research) han recomendado que los pensionistas participen en el pacto de rentas para evitar efectos de segunda ronda.
Escrivá alega que se trata de una reforma que busca la sostenibilidad en el largo plazo y que un año con un coste extra supone un impacto muy pequeño, en el que desdeña el efecto de consolidación que tienen los gastos adicionales de cada año en los pensionistas que los reciben y que se extienden mientras sigan en el sistema.
