La presidenta del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha pedido a la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, que no publique la polémica votación de la convalidación del decreto ley de la reforma laboral y que tampoco emita la resolución por la que se ordena la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de ese resultado, que permite que la reforma continúe en vigor. El pleno del Congreso ratificó el decreto ley gracias a que el diputado del Partido Popular por Cáceres Alberto Casero votó a favor de la convalidación. La norma salió adelante por 175 votos frente a 174.
Sin embargo, Casero sostiene que él votó que no, pero el sistema de votación telemática del Congreso contabilizó su voto como un sí. Por ello, el PP niega la validez de la votación, y sostiene, como argumenta Casero en otro escrito a Batet, que "no expresa la voluntad popular". Así, piden a la presidenta que no proclame oficialmente el resultado con su publicación ni ordene su traslado al BOE.
Los 'populares' adjuntan en su carta a Batet la que le ha remitido también Casero, quien corrobora por escrito la versión que trasladó este jueves la dirección de su partido a la presidenta del Congreso en la reunión que mantuvieron tras la polémica votación. Casero acusa a Batet de quebrantar el "derecho al voto" y hace un relato cronológico de lo sucedido el jueves: que como estaba enfermo solicitó el voto telemático y que votó en contra de la convalidación pero que en "el certificado emitido por la Cámara" su voto aparecía como afirmativo.
¿Fallo del sistema?
Según consta en el registro de votaciones, recogido por Europa Press, en general el sistema informático le funcionó a Casero en las numerosas votaciones del pleno porque votó con el PP en todas ellas, salvo en las dos de la reforma laboral (que intercambió el sentido de voto) y en un punto de una moción. La protesta del PP se centra en una de las dos votaciones de la reforma laboral, la de la convalidación del decreto ley. En todo caso, Casero señala que, como "parecía un fallo del sistema", intentó ponerse en contacto con la Cámara antes de que Batet anunciara el inicio de la votación presencial para advertir a la presidenta del "error manifiesto" y de que el sí del certificado "no expresaba" su voluntad. Al no recibir respuesta de la Mesa, se dirigió al Grupo Popular y entonces, todavía antes del inicio de la votación, la vicepresidenta segunda, Ana Pastor, comunicó la situación a Batet. Siempre según su relato, los dos miembros del PP en la Mesa solicitaron una reunión urgente de este órgano para tratar esta "anomalía", pero Batet "se negó y decidió unilateralmente y de forma arbitraria arrogarse la voluntad de la Mesa en su conjunto, dando inicio a la votación". Dadas las circunstancias, optó por acercarse al Congreso para votar presencialmente pero no le dejaron hacerlo.
Tanto Casero como su grupo invocan una resolución de Presidencia de 2012 que establece que se debe comprobar "telefónicamente" el sentido del voto emitido telemáticamente antes del inicio de la votación. Ahora ya no se llama a quienes lo ejercen, puesto que el sistema les permite expedir el citado certificado. También ven de aplicación otro punto de esa resolución que fija que quien vota telemáticamente ya no puede hacerlo de forma presencial "sin autorización expresa de la Mesa de la Cámara" y que, si se autoriza la votación en el hemiciclo, el voto telemático se declarará "nulo y no emitido". Por ello, Casero denuncia ante Batet que "se ha visto vulnerado" su "derecho fundamental al ejercicio del voto" establecido por la Constitución y que el resultado de la votación correspondiente a la convalidación del real decreto de la reforma laboral "no expresa la voluntad popular, puesto que uno de los votos emitidos es contrario" al expresado por él "mediante el sistema telemático".
