El Gobierno propone que el Mecanismo de Sostenibilidad del Empleo (MSE), conocido comúnmente como los "ERTE permanentes", pueda ser utilizado por las empresas cuando necesiten recualificar trabajadores, bien sea por un cambio profundo en su negocio, bien por la necesidad de crear nuevos puestos de trabajo.
Es una de las propuestas que el Ejecutivo trasladó a los agentes sociales en la última reunión sobre la reforma laboral, que tuvo lugar el miércoles, y en la que se ataron algunos nuevos detalles sobre este mecanismo, que será la evolución de los ERTE que se han puesto en marcha en la pandemia.
El objetivo del Ministerio de Trabajo, que dirige Yolanda Díaz, es ampliar los momentos en los que estos "ERTE permanentes" pueden ponerse en marcha más allá de su concepción principal, que es la de que las empresas puedan acogerse a ellos por cuestiones "imprevisibles" y ajenas al desempeño empresarial que limiten la actividad habitual del negocio, como ha ocurrido durante la crisis del coronavirus.
Según el último borrador de Trabajo, que ha sido consultado por este periódico, se introduce ahora la posibilidad de acudir a este mecanismo por necesidades de recualificación de los trabajadores para garantizar su empleo en la propia empresa y también cuando existan "procesos de transición profesional" de los trabajadores hacia empleos en otras empresas o sectores.
Los ERTE como alternativa al despido
"Se trata de poder aumentar la empleabilidad y que los trabajadores puedan conservar su empleo", explican fuentes conocedoras de la propuesta, que argumentan que "se resume en poder acudir a esto y no a un despido". Podrá justificar junto a esto que una empresa acuda a estos ERTE la existencia de causas económicas, técnicas, organizativas y de producción (ETOP).
Las empresas que se acojan al MSE tendrán prohibido realizar nuevas contrataciones, fijar horas extra o externalizar la actividad en periodos que, en el marco de este mecanismo, aprueben una reducción de la jornada laboral. Aunque todavía continúan las conversaciones, el Gobierno también ha puesto sobre la mesa la 'prohibición' de despedir para aquellas compañías que se hayan acogido a estos "ERTE permanente", así como la obligación de poner en marcha actividades formativas.
En los próximos encuentros, Trabajo y agentes sociales tratarán de atar aspectos relacionados con si las empresas podrán reducir sus cuotas de Seguridad Social si imparten formación, como en los ERTE que están en vigor hasta el 28 de febrero, y si tendrán derecho al incremento de crédito para realizar estas actividades.
Al igual que ocurre con los ERTE actuales, Inspección de Trabajo y Seguridad Social y el SEPE colaborarán para controlar que estos "ERTE permanentes" se apliquen según lo firmado. Por ello, el ministerio que dirige Díaz tiene previsto reforzar la plantilla de inspectores en el próximo año, como contó este periódico.
