Publicado: 11/05/2022 04:45
El Gobierno explora alternativas para resolver el problema de la vivienda, y una de las más rápidas pasa por alcanzar acuerdos con los grandes propietarios. Según apuntan fuentes del mercado, sobre la mesa del ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana está la posibilidad de que algunos de los principales tenedores del país cedan al Estado pisos con descuento a cambio de contratos de 20-25 años que garanticen retornos a largo plazo a los inversores.
El Ejecutivo pagaría al propietario un precio que estaría por debajo del mercado, y obtendría pisos para su parque social en un período de tiempo sensiblemente más breve que bajo nueva promoción. El ministerio podría asumir directamente la gestión y/o delegarla entre las distintas administraciones de las comunidades autónomas.
El gestor privado conservaría la propiedad y conseguiría asegurarse un retorno por pisos por lo general en desuso que ahora tiene difícil rentabilizar y/o colocar en el mercado a terceros inversores. Lo previsible es que los contratos acaben también incluyendo una cláusula de actualización conforme a la evolución del Índice de Precios de Consumo, pero las fuentes consultadas han evitado dar precisiones en este sentido.
Desde el ministerio socialista no se han dado mayores precisiones sobre los términos de la posible licitación, tampoco sobre el presupuesto previsto para convencer a los fondos
La intención del Ejecutivo es conseguir con estas cesiones de grandes propietarios hasta 30.000 pisos de los 100.000 que se ha fijado como objetivo para su nuevo parque social. A preguntas de este diario, desde el ministerio socialista no se han dado precisiones sobre los términos de las posibles licitaciones, ni tampoco información sobre el presupuesto previsto para afrontarlas. Como avanzó El Confidencial y ha podido corroborar este diario, entre los principales tenedores hay cierta predisposición a ofrecer un descuento del 20% sobre los precios del mercado.
El Gobierno busca 30.000 pisos de grandes tenedores
El secretario general de Agenda Urbana y Vivienda David Lucas anunció a principios de año el inicio de las negociaciones con los grandes propietarios, que irían al margen de los proyectos con la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria. La interlocución entre el ministerio socialista y representantes del mercado de los grandes tenedores ha ido profundizándose, con la ubicación y la calidad de los pisos potenciales entre los meollos de un proyecto todavía en ciernes.
El otro gran factor pasa por la predisposición o no del socio del Gobierno del PSOE, Unidas Podemos, a alcanzar acuerdos de tal recorrido en el tiempo con fondos de capital riesgo como Blackstone -el mayor casero en España- a los que siempre ha querido poner coto. La vía de una cesión de larga duración despierta simpatías entre los fondos que invirtieron en vivienda desde la pasada crisis económica y/o durante la última década y pretenden ya cerrar el ciclo de sus inversiones. Algunos de ellos ansían seguridad jurídica para encontrar salida a sus activos ante la creciente regulación de la vivienda.
El alquiler a grandes propietarios se presenta como la alternativa más rápida -pero insuficiente- para paliar el déficit de viviendas asequibles en el mercado, de más de un millón de unidades que difícilmente se levantarán antes de 2035
Según fuentes del mercado, el coste total de la operación para las arcas públicas rondaría al menos los 2.000 millones de euros. Se presenta en sí como la alternativa más rápida -pero insuficiente- para paliar el déficit de viviendas asequibles en el mercado, de más de un millón de unidades que difícilmente se levantarán antes de 2035.
El Plan de Vivienda aprobado por el Gobierno para el período 2022-2025 contempla unos 1.700 millones para cubrir las distintas líneas de subvenciones para el acceso a la vivienda en todo el Estado. Además, el Ejecutivo cuenta con 1.000 millones de euros procedentes de los Fondos Europeos Next Generation para la promoción de pisos de alquiler social energéticamente eficientes al margen de los acuerdos que finalmente alcance con las entidades gestoras y la Sareb.
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